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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Carabineros en la Región Metropolitana iniciarán en cinco días un plan piloto para el uso de pistolas Taser en casos de violencia intrafamiliar, mientras parlamentarios debaten sobre su posible extensión a funcionarios municipales, en medio de la implementación de la Ley de Seguridad Privada que permitirá a guardias privados utilizar estas armas. La demora en la aplicación de la ley ha generado opiniones encontradas, con el diputado Cristián Araya exigiendo agilidad en el proceso y respaldo a su uso por parte de guardias municipales, mientras que Andrés Jouannet y Jaime Araya plantean posturas contrarias. La necesidad de fortalecer la cooperación entre municipios y Carabineros es destacada, mientras se espera la aprobación del reglamento para el uso de estos dispositivos no letales.

En cinco días Carabineros iniciará el plan piloto para el uso de pistolas Taser en casos únicos de violencia intrafamiliar dentro de la región Metropolitana. Ante esto, parlamentarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana debaten sobre su extensión a funcionarios municipales, en medio de la puesta en marcha de la ley que permitirá a guardias privados utilizar esta arma no letal.

La Ley de Seguridad Privada, promulgada en 2024, ya contempla que vigilantes privados puedan portar dispositivos eléctricos de control, pero su aplicación sigue en suspenso, a la espera de que la Contraloría apruebe el reglamento ingresado en junio pasado.

Ante esta demora, el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, exigió agilizar el trámite y consideró inaceptable que guardias municipales no puedan acceder al uso de estos elementos, asegurando que son una necesidad para resguardar la ciudadanía.

Una opinión diferente es la del legislador y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, quien a pesar de respaldar la medida para Carabineros, aseguró que no debe extenderse a funcionarios municipales.

Por su parte, el parlamentario independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, fue más allá, y planteó que la clave está en fortalecer la cooperación entre municipios y Carabineros, descartando que haya razones para ampliar el uso de estas armas.

El artículo 27 de la Ley de Seguridad Privada establece que el uso de estos dispositivos debe ser autorizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y contar con sistemas de registro audiovisual. Mientras se espera la resolución del reglamento, el debate sobre la ampliación de su uso continúa.