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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Fiscal Patricio Cooper Monti lidera el caso con un equipo compuesto por 3 fiscales adjuntos, 3 abogados asistentes y 2 analistas criminales, en colaboración con la Brigada Anticorrupción de la PDI. Se advierte que cualquier filtración será sancionada conforme a la ley, resaltando que los avances de la investigación no deben ser interferidos por intereses ajenos a la causa.

La Fiscalía Regional de Coquimbo informó que abrió una investigación de oficio por la filtración de los nuevos antecedentes del Caso Procultura que involucran a la exPrimera Dama, Irina Karamanos.

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El anuncio se dio a través de un comunicado oficial en el que argumentaron que, en conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 19.913 sobre lavado de activos, toda filtración o “difusión de antecedentes de cualquier naturaleza” debe ser sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Esto último, “con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad penal que pudieran tener los presuntos responsables, independiente de su condición”.

“La Fiscalía Regional de Coquimbo hace presente que los avances de una investigación penal compleja como la referida a fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, no pueden ser interferidos por intereses que no dicen relación con los aspectos técnicos de la causa y que en definitiva responden a otras contingencias”, indica el comunicado.

Sobre la investigación por filtración

El ente persecutor resaltó en el escrito que la causa es liderada por el fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, con la objetividad y profesionalismo “que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”.

También aclararon que el equipo de investigación está integrado por 3 fiscales adjuntos, 3 abogados asistentes y 2 analistas criminales, quienes están en “la gestión de las labores de investigación junto a la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones de Chile.”

Finalmente, añadieron que solicitaron a la Fiscalía Nacional “recursos adicionales para el desarrollo de las labores de investigación, los cuales fueron concedidos para la contratación de dos abogados y para cubrir diversas operaciones logísticas”.