Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La Superintendencia de Educación (SES) ofició a la Universidad San Sebastián (USS) tras denuncia por millonario contrato de Marcela Cubillos, actual candidata de Las Condes, mientras era docente en la institución. La acción responde a acusaciones sobre posible financiamiento ilegal, despertando preocupación por ingresos de magnitud cuestionable de una entidad que recibe fondos públicos. La SES solicitó a la USS informar y aportar antecedentes en cinco días hábiles, invocando su deber de velar por el cumplimiento de la normativa. Paralelamente, se están revisando otras denuncias relacionadas con este caso para determinar su admisibilidad, actuando según los procedimientos y facultades establecidos por la ley.
Este martes, tras una denuncia, la Superintendencia de Educación (SES) ofició a la Universidad San Sebastián (USS) a raíz del caso de la actual candidata de Las Condes, Marcela Cubillos.
¿La razón? el millonario y cuestionado contrato que se conoció durante la jornada de ayer, mientras la exministra era docente de la institución de educación. Según dijo ella misma, entre 2020 y 2024.
La acción de la SES responde a una denuncia del abogado Luis Mariano Rendón, en la que acusó que “no puede ser que un escándalo de este tipo no sea procesado por la institucionalidad”.
“Los chilenos y chilenas debemos saber si es legal, si es normal que una persona perciba ingresos de esa magnitud de parte de una entidad que recibe fondos públicos”, complementó el abogado.
Posteriormente, a través de un comunicado, la entidad anunció que “el día de hoy esta Superintendencia ofició a la universidad a que informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”.
Esto, aseguraron, pues “la Superintendencia tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa interna y de la legislación vigente por parte de todas las instituciones de educación superior del país y utilizará los instrumentos que la ley le confiere para ese fin”.
Paralelamente, indicaron desde el organismo, “la Superintendencia recibió unas denuncias relacionadas con este mismo asunto, la cual se encuentra en proceso de revisión para determinar su admisibilidad”.
“Ello se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y en el marco de las facultades que posee como entidad fiscalizadora”, concluyeron.
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