De ser negativa la respuesta del gobierno de Venezuela, el exdiputado por el Partido Comunista dijo que "esos son justamente hechos que, sin anticiparse, habrá que evaluar en su momento".
El Gobierno, a través del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, confirmó que el Ministerio Público emitió una orden de asistencia penal internacional, con el fin de que Venezuela colabore en el esclarecimiento del crimen del exmilitar de dicho país, Ronald Ojeda.
La medida fue decretada por el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, luego de que se hayan descartado hipótesis como autosecuestro o secuestro extorsivo.
“Esto fue organizado por orden del Tren de Aragua con una organización extranjera en contexto de crimen organizado”, dijo el fiscal Barros.
Barros aseguró que la única línea de investigación que queda es la de un secuestro encargado, y que eso motivó “hacer una petición de asistencia penal a Venezuela a efectos de que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela”, añadió.
Se trata e dos personas que sería los principales sospechosos del secuestro de Ronald Ojeda, hecho ocurrido la madrugada del miércoles 21 de febrero desde el departamento donde vivía en la comuna de Independencia.
Frente a esto, el subsecretario Monsalve confirmó la medida y explicó que se “le está solicitando a Venezuela ayuda para ubicar a estas dos personas y para detenerlas y para posteriormente hacer una solicitud de extradición”.
La conducta del Gobierno, agregó Manuel Monsalve, “va a seguir siendo la misma de respaldo total a la acción del fiscal y de la justicia” y que complementarán la orden de asistencia internacional “con las acciones políticas y diplomáticas que le implican al Gobierno”.
De ser negativa la respuesta del gobierno de Venezuela, el exdiputado por el Partido Comunista dijo que “esos son justamente hechos que, sin anticiparse, habrá que evaluar en su momento”.
No obstante lo anterior, Manuel Monsalve aseguró que “las relaciones diplomáticas son para que los países colaboren” y que el secuestro y muerte de Ronald Ojeda “es un delito grave al territorio chileno y a Chile”.
Es por eso que el Gobierno “va a exigir la colaboración para que no haya impunidad y para que esas personas sean ubicadas y detenidas, y obviamente, la justicia va a pedir su extradición”.
