La Contraloría General de República pidió antecedentes e información a las subsecretarías del Interior y de Relaciones Exteriores por posibles ilegalidades en el convenio firmado entre Chile y Venezuela en enero pasado.
Cabe recordar que este acuerdo fue suscrito en medio de la visita del subsecretario Manuel Monsalve al país liderado por Nicolás Maduro. En concreto, el documento contiene diversos puntos sobre el intercambio de información para combatir el crimen organizado.
El acuerdo busca la colaboración mutua con el fin de facilitar información, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y en el cumplimiento de sus funciones.
Se trataría de intercambio de información “necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones del crimen organizado”. De igual forma, busca “promover el intercambio de conocimiento especializado y participación en actividades de capacitación”.
De esta manera, Contraloría oficio por el convenio entre Chile y Venezuela a Interior y Relaciones Exteriores. Según La Tercera, la oficina dirigida por Manuel Monsalve ya respondió, mientras que de Cancillería aseguraron que responderán ante de que termine el plazo.
En detalle, el acuerdo dice lo siguiente:
1. Capacitaciones entre ambas partes, atingentes a las realidades criminógenas de cada país.
2. Intercambio de información relativa a buenas prácticas investigativas.
3. Compartir información biométrica y decadactilar, con finalidades investigativas, a fin de lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos.
4. Generación de alertas tempranas relativas a: nuevos modus operandi, germinación de bandas u organizaciones criminales emergentes, hallazgo de nuevos nichos criminales y otros temas relacionados con criminalidad internacional que pudiesen afectar a ambos países.
5. Mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas.
6. Intercambio de información referente a personas condenadas que se encuentren en calidad de internos en centros de detención penitenciaria.
7. Intercambio de antecedentes penales de blancos investigativos vinculados a delitos violentos, crimen organizado trasnacional, crimen cibernético y otros delitos entre ambos países.
