Desde RN comentaron que hay estudios que aseguran que el 19,1% de los estudiantes admite haber intentado o mantenido contacto sexual sin consentimiento, y que las mujeres reportan tres veces más victimización que los hombres.
La diputada Marcia Raphael (Renovación Nacional) ingresó un proyecto de ley que mejora la fiscalización y procedimientos en materia de abuso sexual, violencia y discriminación en contexto de Eduación Superior.
A juicio de la parlamentaria integrante de la comisión de Educación de la Cámara, la iniciativa nace “debido al aumento sostenido de denuncias y a la ausencia de plan integral para enfrentar esta problemática”.
Y es que, según la parlametaria, hay estudios que aseguran que el 19,1% de los estudiantes admite haber intentado o mantenido contacto sexual sin consentimiento, y que las mujeres reportan tres veces más victimización por abuso sexual que los hombres.
“Es lamentable pensar que aún en el 2023 impere la impunidad en los casos de acoso que suceden en el contexto de la Educación superior”, aseguró Marcia Raphael.
Según la diputada, esta situación queda en evidencia con los datos entregados por la Superintendencia de Educación Superior, “en donde señalan que de las más de 3800 denuncias, apenas 500 son gestionadas y cero terminan siendo favorables” para las víctimas.
“Creemos que estas modificaciones van en la línea correcta, de estipular plazos para gestionar denuncias y también para que se respete el anonimato de la víctima de abuso sexual, si así lo desea”, dijo Marcia Raphael.
Por su parte, la diputada Carla Morales (Renovación Nacional) agregó que “en los últimos años han salido a la luz diversos casos de acoso sexual y violencia al interior de los establecimientos de educación superior, ya sea que involucren a alumnos o docentes, y sucede que actualmente no hay una legislación clara en esta materia y sólo existen ciertos protocolos dentro de estas instituciones”.
A juicio de la parlamentaria, dichas normativas internas “no se hacen cargo de una correcta investigación, ni de velar por la protección de las víctimas, lo que influye en su salud mental y muchas veces terminan desertando de sus estudios por esta situación”.
Por estas razones, las parlamentarias de RN impulsan el proyecto con el fin de “mejorar los procedimientos y mecanismos de denuncia, así como agilizar el tiempo de las investigaciones”.
La presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Heloicas Chile, Josefina Letelier se refirió a la propuesta, de la cual también es parte.
“El día de hoy ingresamos un proyecto para darle, en resumen, mayor facilidades a las víctimas denunciantes en el ámbito de educación superior, para darles protecciones que hoy en día no se están cumpliendo en la Superintendencia de Educación Superior”, dijo Josefina Letelier.
Asimismo agregó que, a través de esta ley, quieren que “existan procedimientos expresos y mayores garantías para que estas víctimas sean protegidas y no sufran represalias”. Agregó que, hasta el día de hoy, “vemos con mucha preocupación que la Superintendencia de Educación Superior no ha sancionado ni siquiera una vez el ejercicio y vulneración de la ley”.
Por su parte, la abogada y académica, Florencia Larraín, directora de estudios de la Fundación Heloicas comentó que “hemos detectado una serie de casos que dejan de manifiesto anomalías en la manera de diseñar el procedimiento de reclamación por vulneraciones a los derechos de las alumnas y alumnos de la educación superior”.
En particular, el proyecto contempla modificaciones a dos leyes: 21091 de Educación Superior y 21.369 que Regula el Acoso sexual, la Violencia y la Discriminación de género en el ámbito de Educación Superior.
