"Lo que revela el caso de las 89 cajas es una de las manifestaciones más evidentes de la indolencia estatal. Por más de veinte años, a vista de los ojos de distintos organismos del Estado, hallazgos de restos en investigaciones judiciales vinculadas a desaparición o ejecución de personas en crímenes de la dictadura, se encontraron albergadas sin que tuviera el Estado una posición proactiva para resolverla", sentenció el ministro Cordero.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, junto a la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado, entregó este miércoles los resultados de la investigación especial que realizó su cartera, tras el hallazgo de 89 cajas con osamentas humanas que corresponderían a detenidos desaparecidos.
Según recordó Cordero, fue en agosto de 2022 que la entonces ministra Marcela Ríos, instruyó a la Unidad de Auditoría del Ministerio de Justicia realizar una indagación respecto a antecedentes que se habrían encontrado sobre la existencia de 89 contenedores con evidencia vinculada a casos de derechos humanos que fueron entregadas en enero de 2019 por parte de la Universidad de Chile al Servicio Médico Legal.
Durante el proceso de indagación y clasificación de esas cajas, el Servicio Médico Legal pudo identificar que en 65 de ellas existe material de interés para ser periciados.
Así también, 20 de ellas corresponderían a material docente, mientras que otras cuatro contienen elementos ajenos y distintos al objeto de las indagaciones, precisó Cordero.
Todos los antecedentes ya fueron comunicados a los jueces con dedicación exclusiva que están a cargo de casos de violaciones de Derechos Humanos, algunos de los cuales ya dieron instrucciones para realizar las pericias respectivas, como de ADN y de carbono 14, para determinar si su data corresponde a víctimas de la dictadura.
Cordero detalló origen de cajas con osamentas de detenidos desaparecidos
Asimismo, el ministro Cordero informó que ocho de los restos corresponden al Cementerio de Concepción, 18 respecto de hallazgos encontrados en Cerro Chena, en San Bernardo; uno del Regimiento Artillería, de Linares; seis, en Pampa Dolores, y cuatro de Río Negro.
Otros dos corresponden al cementerio de Copiapó, al igual que el cementerio de Rahue Alto y el Servicio Médico Legal de Osorno. Sumado a una caja del Caso Calama, otra del Caso Pisagua y del Patio 134 del Servicio Médico Legal, junto a una del Servicio Médico Legal de Concepción.
A su vez, dos médicos mantenían una caja cada uno con restos, al igual que el laboratorio Río Bueno.
De esta forma, el ministro Cordero confirmó que ya se logró determinar la procedencia de 51 de las cajas, mientras que 38 de ellas aún se desconoce su origen.
El origen del escándalo por las cajas en la U. de Chile
El ministro Cordero detalló que todo había ocurrido luego que en 2001, el juez de dedicación exclusiva, Juan Guzmán, instruyó al Servicio Médico Legal para que remitiera las evidencias que se encontraban en el organismo, para que fueran enviadas en custodia a la Universidad de Chile.
“De igual modo, durante el periodo de las investigaciones, los hallazgos encontrados y las excavaciones realizadas fueron remitidas a la Universidad de Chile, al Departamento de Medicina Legal de la Escuela de Medicina, solo para fines de custodia”, indicó.
Sin embargo, el año 2011, el entonces director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, solicitó que le fueran remitidas nuevamente esas cajas para las pericias. Sin embargo, el año siguiente el entonces ministro de Justicia, Isidro Solís, también pidió que las cajas fueran devueltas, añadió.
“Durante largo tiempo esas cajas no fueron devueltas al Servicio Médico Legal y se encontraban en la Universidad de Chile hasta que estas fueron retornadas recién en enero del 2019”, puntualizó el ministro de Justicia.
De acuerdo a lo que señaló Cordero, la Universidad de Chile realizó su propia investigación, donde fue posible identificar no solo que los restos estuvieron en custodia, sino que fueron requeridos para efectuarles pericias mientras estuvieron en manos de la casa de estudios, pese a que la propia institución de educación superior sistemáticamente afirmó que no se podían periciar, pues que se encontraban en custodia.
“También la Universidad informó que el año 2014 hubo inundación en el lugar donde estas cajas se encontraban almacenadas, que si bien no las afectaron directamente, es decir, estas no fueron inundadas ni se mojaron, dados los efectos que ocurrieron en el recinto, estas fueron contaminadas con un hongo específico”, puntualizó.
“Esto llevó que la Universidad de Chile, después de esos eventos durante cuatro años, llevara a cabo el proceso de descontaminación”, añadió.
Ministerio de Justicia ordenó sumario administrativo por osamentas
En paralelo, a partir de 2029, el SML inició un proceso de clasificación. Y actualmente, es la ministra con dedicación exclusiva, Paola Plaza, quien está a cargo del seguimiento de las pericias y rendiciones que debe hacer el organismo por las 39 cajas, cuyo origen aún se desconoce.
De igual manera, el ministro Cordero informó que entre enero y agosto pasado, se remitieron algunas muestras óseas y dentales a laboratorios en Austria y Estados Unidos, de casos de Calama y Río Negro, incluso en valija diplomática.
“Paralelamente, el Ministerio de Justicia ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de determinar responsabilidades, aun cuando estemos indagando un periodo de más de veinte años en que estos hechos ocurrieron”, aseguró el secretario de Estado.
Dicha investigación está a cargo de una de las defensoras regionales metropolitanas de la Defensoría Penal Pública, explicó.
Igualmente, en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, el Presupuesto del Servicio Médico Legal para el año 2024 tiene recursos específicamente asignados para resolver las pericias sobre estas 89 cajas.
Sin embargo, el ministro Cordero reconoció que aparte de estas últimas cajas, “ha sido posible detectar que existe un conjunto significativo adicional de otra cantidad de hallazgos que no tienen data de procedencia y que tampoco tienen registro que permita justificar su presencia en el Servicio Médico Legal”.
“En la actualidad, el Servicio Médico Legal se encuentra realizando el catastro con el objeto de identificar a qué podríamos responder cada una y poder abarcar adecuadamente las pericias necesarias y requerir las órdenes judiciales que fueran pertinentes”, indicó.
Cordero: “Lo que revela el caso de las 89 cajas es la indolencia estatal”
El titular de Justicia, junto con hacer un duro mea culpa, apuntó que toda esta información ya fue entregada a los familiares y agrupaciones de Derechos Humanos.
“Lo que revela el caso de las 89 cajas es una de las manifestaciones más evidentes de la indolencia estatal. Por más de veinte años, a vista de los ojos de distintos organismos del Estado, hallazgos de restos en investigaciones judiciales vinculadas a desaparición o ejecución de personas en crímenes de la dictadura, se encontraron albergadas sin que tuviera el Estado una posición proactiva para resolverla”, admitió.
“Lo segundo es que vuelve a reafirmar los errores que el Estado ya cometió en el pasado. El año 2006 el Estado de Chile tuvo que reconocer los errores a consecuencia de los problemas y de los errores de identificación en el Patio 29″, rememoró.
“No basta con reconocer los errores, es necesario tener posiciones proactivas sobre este punto”, añadió.
“Es difícil solicitarle a los familiares que vuelvan a confiar al Estado cuando sistemáticamente ha incumplido sus obligaciones. El compromiso, sin embargo, de esta Administración y del Estado de Chile, que asuntos como este no vuelvan a ocurrir, no solo respecto de víctimas de violación a los derechos humanos, sino que de cualquier víctima que requiere de una pericia oportuna por parte del Servicio Médico Legal”, acotó.
“Este es un caso de encadenamiento de errores e inexperiencia desde el origen hasta el final, es decir, que no solo comprometen al Servicio Médico Legal, sino que comprometen al sistema de justicia en general”, dijo Cordero.
“Por eso, en algún sentido, entregar este informe es una mínima medida de reparación para los familiares que puedan saber cómo se ejecutaron las cosas”, insistió.
“La investigación va a tomar su tiempo en la investigación administrativa, aun cuando las responsabilidades pudieran estar extinguidas en algún caso, pero es conveniente que esa investigación se lleve a cabo para la tranquilidad de familiar”, concluyó el secretario de Estado.
