El ministro Carlos Montes anunció que indagarán los millonarios traspasos -desde 2019- a Urbanismo Social, ONG en la que trabajó el actual seremi de Vivienda del Maule, militante de Revolución Democrática.
El escándalo que se generó tras revelarse los millonarios convenios firmados entre la fundación Democracia Viva con el Ministerio de Vivienda, está lejos de acabar, luego de conocerse nuevos antecedentes que involucran a otra organización, lo que podría dar pie a una Acusación Constitucional (AC) contra el ministro Carlos Montes.
Se trata de traspasos millonarios que comenzaron en 2019 a una ONG llamada Urbanismo Social, en la que trabajó el actual seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática.
Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, evitó profundizar, pero aclaró que el seremi se habría inhabilitado, a diferencia del caso de Antofagasta, y que la cartera también realizará una investigación interna.
No obstante, a medida que se conocen más antecedentes, más se apunta al Ministerio de Vivienda, liderado por el histórico exparlamentario socialista, quien tiene cierto respeto en el Congreso Nacional, pero que no estaría exento de responsabilidad, según voces de la oposición.
De hecho, la UDI presentó un equipo jurídico, considerando la querella que ya ingresaron la semana pasada.
“El trabajo de nuestros abogados es distinguir aquellas fundaciones que han vulnerado la confianza de los chilenos, con aquellas que sí hacen bien el trabajo”, señaló el presidente del gremialismo, Javier Macaya.
Mientras que el diputado Juan Antonio Coloma, advirtió que “al ministro Montes simplemente se le está acabando el tiempo”.
“Lo que nosotros le decimos al ministro, que si no transparenta ahora ya, nosotros como oposición vamos a llevar adelante distintas herramientas constitucionales”, alertó.
Desde el Gobierno han salido a “blindar” a Carlos Montes ante una posible Acusación Constitucional (AC), apuntando a que las responsabilidades políticas ya se saldaron con la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas, tal como lo señaló el también ministro, Giorgio Jackson.
“Creo que ya fueron, en este caso, asumidas por parte de la subsecretaria, de la exsubsecretaria Rojas, las responsabilidades del caso”, apuntó.
Pero más allá de las defensas corporativas, en la oposición insisten en que “no se corte el hilo, por lo más delgado”.
“Nos tienen acostumbrados a que frente a cualquier escándalo, el hilo siempre se corta por lo más delgado. ¡Basta!”, señaló la diputada republicana, Chiara Barchiesi.
Recordemos que esta semana es distrital, es decir, los parlamentarios se encuentran en sus zonas realizando trabajo legislativo, por lo que a partir del lunes retornarán al Congreso, donde de seguro comenzarán las reuniones para definir los próximos pasos a seguir sobre el caso que golpea al Ministerio de Vivienda y -más duramente- al núcleo duro del oficialismo.
