"Los complejos del gobierno y los compromisos políticos del Presidente de la República con su coalición no pueden ser una barrera o un obstáculo para que el Ministerio Público persiga en carácter de terrorista, conductas que a todas luces lo son", señalaron en la misiva.
La bancada de diputados de Renovación Nacional enviaron una carta al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para pedir que se utilice la Ley Antiterrorista en medio de críticas al Gobierno.
Se trató de una misiva firmada por los parlamentarios de La Araucanía, Miguel Mellado, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán y Jorge Rathgeb, quienes critican duramente al presidente Gabriel Boric.
Esto último, por la negativa de La Moneda de presentar acciones utilizando la normativa antiterrorista, aludiendo a lo complejo de su aplicación, tal como sucedió en el ataque al Molino Grollmus.
Por lo anterior, los diputados RN ingresaron un proyecto que reforma de manera íntegra la Ley Antiterrorista, “derogándola de manera de poner fin a argumentos relativos al origen autoritario de la misma”.
“Se trata de un debate que debemos tener como sociedad y que, a pesar del novedoso e inédito anuncio de la ministra Tohá en su interpelación, parece no tener fecha de inicio, lo que deja nuestro país en el incumplimiento de una serie de compromisos internacionales que nos emplazan a contar con una normativa especial que aborde este especial fenómeno criminal”, aseguran los parlamentarios en la misiva.
Asimismo, afirman que si bien el país cuenta con una ley vigente, el gobierno ha señalado “públicamente que no la utilizará y por lo mismo, en términos reales, más allá de lo formal, nuestro país al día de hoy carece de una normativa antiterrorista para el presidente Boric”.
En ese mismo sentido, los diputados advierten que no se trata de una cuestión semántica, ya que “independiente de los conflictos que ha tenido la doctrina internacional para abordar una definición de lo que es el terrorismo, lo cierto es que, de cualquier forma, este importa un desafío al Estado y particularmente al gobierno, y de ahí que si nuestro Presidente estima que la ley es inútil y, por tanto, dispone no utilizarla, el tema adquiere especial gravedad”.
“Abona a lo anterior -continúan- las especiales reglas de legitimación activa en materia de delito terrorista, particularmente por el rol activo y preponderante en ello de los funcionarios gubernamentales, especialmente de aquellos representantes directos y cercanos al Jefe de Estado, uno que en el caso de Chile, desestima a priori la utilización de la ley”, indica la carta.
Por todas estas razones, los parlamentarios indican que “nos permitimos dirigirnos a Usted en el afán de manifestar nuestro interés en que el Ministerio Público, más allá de las definiciones políticas y en pleno ejercicio de las competencias que le entrega el ordenamiento jurídico, en los casos que lo estime conveniente, persiga los delitos en carácter de terroristas y dé cumplimiento al mandato impuesto por el artículo 9 de nuestra Carta Fundamental”.
Bancada RN: “Los compromisos políticos del Presidente con su coalición no pueden ser una barrera”
En paralelo, los parlamentarios destacaron la indicación que realizaron a la ley sobre crimen organizado, que contiene una regla especial “por la cual se permite la utilización de técnicas especiales de investigación para la pesquisa de actos calificados como terroristas”.
“Hay en esta norma un valor desconocido y que permite superar los complejos que por años impidieron avanzar en los aspectos procesales o investigativos que son fundamentales para el éxito del Ministerio Público”, añaden.
En este sentido, los parlamentarios agregan que la entrada en vigencia de esta norma “no solo es una conquista que por años buscamos y que recién podemos celebrar, sino que también sea un aliciente para que el Ministerio Público inicie de oficio investigaciones por delito terrorista”.
“Los complejos del gobierno y los compromisos políticos del Presidente de la República con su coalición no pueden ser una barrera o un obstáculo para que el Ministerio Público persiga en carácter de terrorista, conductas que a todas luces lo son, como el caso del Molino Grollmus o incluso el reciente atentado a un consejero electo al consejo constitucional”, cuestionaron.
“La intención manifiesta de obtener, mediante la violencia y la extorsión, resoluciones de la autoridad o de producir el temor en una parte de la población de ser víctimas de hechos de la misma naturaleza, son sin duda conductas terroristas y deben ser investigadas como tales, sin perjuicio de la permisividad de la autoridad política”, fustigan.
Finalmente, aseguran que la administración Boric, y en particular Gendarmería, acceden permanentemente a petitorios y demandas “impuestas por las armas y la violencia de grupos que, ciertamente, pudiesen ser calificados como terroristas y han sembrado el terror en amplios sectores del sur de nuestro país”.
“Esto es intolerable y nos permite recurrir a Usted en el afán de dar cumplimiento a una máxima ineludible en todo Estado democrático de derecho: perseguir el delito y particularmente de manera más severa aquellas fórmulas delictivas que intentan socavar o destruir las bases institucionales de la convivencia democrática”, señalan.
“La ley N°18.314 en tanto no sea modificada o derogada, se encuentra plenamente vigente, y ahora cuenta además con especiales herramientas investigativas, lo que debiese animar a este órgano persecutor a utilizarla sin complejos, independiente de la posición política del gobierno de turno”, concluyeron.
