Desde 2019 que se viene tramitando esta iniciativa que vendría a modernizar el Código Penal, sistematizando una serie de artículos que tipifican delitos económicos y medio ambientales. Se espera que el martes pueda ser derivado a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Luego de años de tramitación, el Senado aprobó la mayoría de los artículos de la iniciativa que sistematiza los delitos económicos y contra el medio ambiente, conocidos como “de cuello y corbata“.
El proyecto, que ya presenta 600 páginas, ordena una serie de delitos con sus respectivas consecuencias jurídicas y penales, además de incorporar a las personas jurídicas.
Esto último se traduce en que si al interior de una empresa existe algún tipo de colusión, la responsabilidad recae tanto sobre las personas responsables como la empresa misma.
Matías Walker, senador independiente, es uno de los autores originales del proyecto. “Delitos como la colusión de las farmacias, de los pollos, o el escándalo actual de una conocida multitienda, casos que hoy tienen una pena de 540 días, van a tener una pena de cinco años y un día de cárcel, además de incorporar sanciones patrimoniales”, comentó el congresista.
Este último punto hace referencia al comiso de ganancias ilegítimas, con las cuales incluso sin sentencias ejecutadas, se podrán requisar bienes que hayan sido adquiridos cometiendo un delito económico.
Controversias sobre las atenuantes
A pesar del avance, existe una controversia pendiente sobre atenuantes como la conducta anterior intachable. Esto se basa en que usualmente las personas que cometen estos delitos no realizan hechos denominados “delincuencia común”, y eso tiende a bajar la pena final.
La senadora UDI y presidenta de la comisión de Constitución, Luz Ebesperger, pidió votaciones separadas en algunos casos.
“Una de ellas dice que cuando un funcionario público comete uno de los delitos, y se le sanciona administrativamente con multa, luego, en la sanción penal de multa, pueda ser absorbida y restada. Yo con eso no estoy de acuerdo porque creo que la responsabilidad administrativa es una y la penal otra, por tanto debe tener sanción por las dos”, explicó la parlamentaria.
Por su parte, el militante de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, expuso que el proyecto viene a resituar el término “delincuente”, usado comúnmente con personas que cometen delitos contra la propiedad.
“Se viene a hacer algo de justicia con los delincuentes económicos y ambientales, los llamados delincuentes de “cuello y corbata”. Esto ya lo decía Milton Juica cuando fue presidente de la Corte Suprema en 2011, cuando decía que la sanciones a estos delitos son muy modestas como clases de ética, perdonazos o multas irrisorias”, detalló Latorre.
Si bien la mayoría del articulado fue aprobado, el martes terminará de ser votado para quedar en condiciones de volver a la Cámara de Diputadas y Diputados, gracias a meses de tramitación y con un acuerdo político transversal, el cual permitiría convertirlo en ley durante el primer semestre del 2023.
