Diputadas y diputados de la Bancada PPD- Independientes presentaron un proyecto de ley que posibilita al Ministerio Público para ejercer, de oficio, investigaciones por colusión. El impulsor de la iniciativa, diputado Jaime Araya, sostuvo que “el proyecto de ley que hemos presentado busca que sea el Ministerio Público quien pueda, de oficio, perseguir delitos de colusión. Que no se requiera la querella previa de la Fiscalía Nacional Económica, que entendemos como una restricción para perseguir estos delitos de cuello y corbata".
Diputadas y diputados de la bancada PPD-Independientes presentaron un proyecto de ley que posibilita al Ministerio Público para ejercer, de oficio, acción penal en casos de delitos económicos.
Recordemos que actualmente esta facultad recae exclusivamente en la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
El diputado independiente e impulsor de la iniciativa, Jaime Araya, sostuvo que “el proyecto de ley que hemos presentado busca que sea el Ministerio Público quien pueda, de oficio, perseguir delitos de colusión. Que no se requiera la querella previa de la Fiscalía Nacional Económica, que entendemos como una restricción para perseguir estos delitos de cuello y corbata”.
“Esperamos que el gobierno pueda patrocinar esta iniciativa, de manera tal que tenga la urgencia necesaria en estos tiempos en que hay muchas dudas flotando en el aire, respecto a que algunas empresas se estarían coludiendo para aumentar artificialmente los precios, sobre todo de la canasta básica, lo que ha generado un daño muy grande al presupuesto de las familias chilenas”, agregó el parlamentario.
Investigaciones por colusión
En tanto, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, afirmó que “este proyecto de ley busca que el Ministerio Público también pueda tener un actuar mucho más diligente en la eventualidad que la Fiscalía Nacional Económica no lo haga. La semana pasada estuvimos en la FNE y el propio fiscal nos señaló que esta investigación puede ser tremendamente demorosa, más de dos años”.
“Yo no sé si Ricardo Riesco, quien anteriormente fue férreo defensor de la colusión de los pollos y otras empresas más, hoy en su cargo de fiscal nacional económico pueda efectivamente tramitar de manera diligente todas estas denuncias de probable colusión. Yo espero que así sea, pero en paralelo nosotros desde la Cámara de Diputadas y Diputados hemos presentado esta iniciativa, que ojalá el propio gobierno pueda priorizarla, porque es del todo necesario para la búsqueda de transparentar toda acción de colusión que pueda seguir ocurriendo en nuestro país”, añadió Bianchi.
Por su parte, la Jefa de Bancada del PPD-Independientes, Carolina Marzán, afirmó que “hemos recibido denuncias de todo el país, y accedido a estudios periodísticos y de expertos, que nos llevan a dudar si las constantes alzas en los bienes y servicios obedecen efectivamente al fenómeno de la inflación, o se debe a otros factores que deben ser investigados.
Marzán agregó que “creemos que mientras más órganos persecutores se encuentren facultados de iniciar un proceso ante conductas que revistan caracteres de delitos económicos, tendremos un mayor nivel de eficacia al momento de investigar y sancionar este tipo de hechos delictuales que afectan a la sociedad completa”.
“Se deben utilizar todos los recursos para que se investiguen”
Asimismo, la diputada independiente, Marta González, recalcó que “se deben utilizar todos los recursos, todas las herramientas para que se investiguen, por ejemplo, posibles colusiones, que lamentablemente ya se han producido en nuestro país con los pollos, papel higiénico y con los medicamentos. Hay antecedentes, y las personas tienen puestos sus ojos en las instituciones para que fiscalicen eventuales delitos económicos”.
Finalmente, el diputado independiente, Héctor Ulloa, señaló que “en la práctica, si hace un año una familia contaba con $20.000 pesos semanales para comprar alimentos o víveres suficientes, hoy esa cantidad de dinero alcanza solamente para adquirir la mitad de los bienes que se podían adquirir en esa fecha. Si hay antecedentes fundados de que se han subido artificialmente los precios de la canasta básica, el Ministerio Público debiera tener la facultad de investigar de oficio, tal como se propone en este proyecto de ley”.
