El objetivo de la solicitud plasmada en la resolución -sobre el centro penitenciario Punta Peuco- es descomprimir el hacinamiento de la población penal y asegurar que no exista segmentación por cualquier tipo de privilegio.

La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la resolución 155 que busca modificar el centro penitenciario Punta Peuco. En lo específico, solicita que el Presidente Gabriel Boric tome las medidas para adecuarlo para recibir a reos comunes.

Esta medida se respaldó con 67 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones.

El documento justifica que, actualmente, la población penitenciaria desborda la infraestructura estatal. Además, plantea que se violan los derechos humanos de las y los reos, quienes pierden tales derechos por la sola condición de haber sido privada su libertad ambulatoria.

Por otro lado, quienes promovieron la resolución señalan que es imposible saber, fidedignamente, la identidad de los reos que están en Punta Peuco. A su juicio, “esto cubre con un manto de dudas de la real necesidad de que tales criminales necesiten condiciones especiales de reclusión”.

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Así también dijeron que la segmentación que existe en el centro penitenciario solo responde a criterios alejados de la objetividad que el decreto de creación ordena. Por lo que agregan que no se puede señalar que los condenados por delitos contra los derechos humanos tengan amenazada su integridad física o síquica. Y, por lo tanto, que deban tener un régimen penitenciario privilegiado.

Con estos antecedentes, argumentan que “se podría concluir que los criminales que lo habitan solo acceden a tales privilegios penitenciarios debido a su contribución a la dictadura militar chilena iniciada en el año 1973”.

La resolución fue promovida por las y los diputados independientes Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa.