La Contraloría emitió su primer informe respecto a la campaña "Chile vota informado", llevada a cabo por el Gobierno en el marco del plebiscito. En ese sentido, no encontró irregularidades en las contrataciones que realizó la Segegob -liderada por la ministra Camila Vallejo-, por lo que la cartera se ajustó a la Ley N° 19.886 y al decreto N° 250.
La Contraloría General de la República (CGR) no encontró irregularidades en las contrataciones de servicios de publicidad para la campaña “Chile vota informado”.
Estas fueron realizadas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), liderado por Camila Vallejo.
La fiscalización se concretó tras una denuncia por eventuales irregularidades, presentada por los diputados José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Cristián Araya y Benjamín Moreno, del Partido Republicano.
De acuerdo a la directora jurídica de la Segegob, el monto destinado a esta campaña asciende a $1.242.617.558. Sin embargo, posteriormente se aumentó a $1.317.242.696.
La indagación de Contraloría, a la cual tuvo acceso Radio Bío Bío, revisó tres ejes principales: el plan de medios para la campaña; el concepto creativo y la campaña audiovisual; y el posterior aumento de contrato para este último ítem.
El organismo explica que el ministerio de Vallejo se encuentra facultado para actuar como el órgano de comunicación del Gobierno.
En ese sentido, asegura que “las licitaciones enunciadas se enmarcan dentro de las acciones necesarias para dar cumplimiento a dicho objetivo”.
Las conclusiones respecto a este proceso indican que “no se advirtieron incumplimientos a la referida Ley N° 19.886 y al decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de ese cuerpo legal”.
Ahora bien, hay que precisar que la CGR advierte que los servicios contratados se encuentran en ejecución y no se han registrado pagos a los proveedores hasta el 16 de agosto.
Por ende, el órgano contralor deberá efectuar una segunda etapa de investigación para validar dichas prestaciones.
Contraloría: adquisición y distribución de ejemplares
Además de los fondos destinados a la campaña “Chile vota informado”, la Contraloría investigó respecto a la adquisición de ejemplares de la propuesta constitucional.
El Ministerio Secretaría General de Gobierno mandó a imprimir 336.400 textos, por un monto de $261.406.348, tras un proceso concursal adjudicado a la empresa A Impresores S.A.
“Del análisis efectuado a este proceso concursal, no existen observaciones que formular”, sostiene la CGR.
Tras ello, vino el proceso de distribución de copias a la ciudadanía. Aquí intervino el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezado por Giorgio Jackson.
De acuerdo al informe de Contraloría, esta última cartera mandó a imprimir 900 mil ejemplares -mediante trato directo- por $577.999.999.
Por otra parte, se indica que la Segegob cuenta con un “Instructivo de entrega y registro: Propuestas de Nueva Constitución”, el cual establece que se daría inicio a la asignación de stocks entregados a cada región a partir del 21 de julio.
En esa línea, se agrega que las carteras lideradas por Vallejo y Jackson, además del Ministerio de Desarrollo Social, son los organismos que pueden repartir los ejemplares de la propuesta constitucional.
En este punto se hace una advertencia a la Secretaría General de Gobierno.
“Si bien la repartición emitió tal instrucción, este documento carece de acto administrativo que lo apruebe, por lo que la Segegob deberá emitir, a la brevedad, la respectiva resolución que la formalice”, manifiesta la Contraloría.
