Integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, se abren a un posible diálogo para legislar la figura del "indulto conmutativo" para los presos políticos del denominado estallido social. Sin embargo, tanto senadores como agrupaciones de familiares apuntan a que el mecanismo debe extenderse a condenados en procedimientos abreviados. Por ahora, sin importar el camino que se explore, la derecha no cederá en su oposición a la iniciativa.
18 meses después de su presentación, el proyecto de indulto para los presos del llamado estallido social sigue esperando su votación en la Sala del Senado, y ha pasado al menos por dos fórmulas, desde un indulto general pasó a convertirse en una ley de amnistía, pero ese cambio tampoco mejoró sus posibilidades, y la iniciativa se estancó.
El gobierno de Gabriel Boric, a petición de la senadora independiente Fabiola Campillai, puso una urgencia de Discusión Inmediata al proyecto que renovó solo una vez en abril.
La iniciativa no tiene ninguna urgencia, y además fue excluida de la Cuenta Pública Presidencial el 1 de junio.
“Indulto conmutativo”
Sin embargo, fuentes de gobierno indicaron a La Radio que hace cerca de 6 semanas que el Ejecutivo ya estaba conversando con senadores de la Comisión de Constitución y con bancadas una nueva fórmula, que ahora toma forma en el llamado “indulto conmutativo”. Básicamente, es el cambio de una pena mayor por una menor.
Un buen ejemplo es Cristian Cayupán, condenado a 15 años de cárcel que cumple desde el año pasado en Colina 1 por el delito de homicidio frustrado, tras atropellar a una funcionaria de la PDI.
Su versión es completamente distinta, asegurando que pasaba en su auto y se vio en medio de un fuego cruzado. Intentando salir atropelló a una efectiva y recibió un disparo de bala.
Cayupán podría optar por medio de esta indicación sustitutiva, a un arresto domiciliario. En todo caso, hay que advertir que hay decenas de casos que no cumplen con las características del caso de Cristian.
El senador Independiente-PPD, Pedro Araya, es quien pasó más tiempo tramitando el indulto como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, y si bien reconoce disposición a tramitar esta fórmula, plantea sus límites.
Esta medida no es inédita. Durante el 2020 se tramitó un indulto en el gobierno de Sebastián Piñera con una fórmula conmutativa, para mujeres embarazadas, mayores de 65 años y que hayan estado en la cárcel por penas específicas, buscando en el contexto de pandemia, descomprimir los centros penitenciarios del país.
La derecha no moverá su postura
En el tercer intento, el gobierno, las familias y los senadores mocionantes se encuentran con el mismo muro. Un importante sector de la derecha no moverá un centímetro su postura, y esto queda demostrado por la declaración de la senadora UDI, Luz Ebensperger.
Las familias son un actor clave. Como primer punto, valoran que el gobierno siga en el esfuerzo en contra de lo que llaman ‘persecución político-penal’ y las condenas ‘aberrantes’ basadas en pruebas falsas, además de la existencia de los intra-marchas.
Raquel Torres, vocera de la Agrupación de Iniciativas para la liberación de los presos, espera que en la fórmula se incluya un mecanismo para beneficiar también a quienes tuvieron que declararse culpables. Y esperan una salida política a las irregularidades que denuncian en el sistema penal, que llegaron a muchos de estos casos a términos abreviados.
Torres también pidió que se considere borrar los antecedentes penales.
Urgencia a la agenda de seguridad
Pese a que fue omitido en el discurso de Gabriel Boric, esta iniciativa está enmarcada en el trabajo de la mesa de reparación para llevar a cabo una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social.
Esta contempla reformular los programas de salud para víctimas, y aumentar las pensiones de gracia.
Sin embargo, para la centro-derecha es la agenda de seguridad la que necesita más urgencia, y es precisamente por eso que algunos de sus senadores consideran aún más grave que el Ejecutivo insista en algún tipo de indulto. Esto lo planteó la senadora independiente Carmen Gloria Aravena.
“(…) Creo que es una pésima señal del gobierno seguir insistiendo en algo tan aberrante como indultar o borrar delitos que se cometieron”, indicó la parlamentaria.
La misión del gobierno es encontrar una fórmula de consenso que no se limite a conmutar penas solo a los casos de personas condenadas, y que eventualmente, pueda considerar borrar antecedentes penales de los acusados.
Las familias tampoco renuncian a deslizar el indulto presidencial directo para algunos casos.
En tanto, fuentes del oficialismo aseguran que ese camino se ve lejano si es que el Parlamento no respalda ninguno de los caminos. Este cambio de ruta lleva ese trámite a donde ha estado la mayor parte del tiempo: La Comisión de Constitución del Senado.
