Tras la autorización de la Corte Suprema, dos abogados chileno podrán participar del proceso de extradición que enfrentan tres exmilitares chilenos, condenados a cadena perpetua por la justicia de Italia. Los exuniformados participaron en la muerte de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano en la década de 1970, por lo que son requeridos por dicho país.
La Corte Suprema acogió la solicitud de los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos, para hacerse parte del proceso de extradición que lleva adelante la justicia italiana en contra de tres exmilitares chilenos.
Los exuniformados están condenados a cadena perpetua en dicho país por su responsabilidad en las torturas, desaparición y ejecución de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano en la década de 1970, entre los cuales figuran cuatro víctimas chilenas.
De acuerdo al máximo tribunal, se dará lugar a lo solicitado “en atención a que el procedimiento de extradición comprendido en el Código de Procedimiento Penal no excluye expresamente la participación de terceros interesados”.
Caucoto y Bustos habían solicitado ser parte de este proceso a fines a abril. Los abogados representan a la hija de Juan José Montiglio Murúa, una de las cuatro víctimas chilenas que murieron a manos de los militares.
Extradición: el asesinato de Juan José Montiglio
Montiglio tenía 24 años, era del Partido Socialista y jefe de unidad del GAP. Fue detenido en el Palacio de la Moneda el mismo día del golpe de Estado en Chile.
Posteriormente, fue llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13 de septiembre de 1973, encontrándose hasta hoy en calidad de detenido desaparecido.
Por su caso se condenó al excoronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición fue solicitada y se está a la espera de su resolución.
Los otros condenados en este proceso don el exsuboficial Orlando Moreno Vásquez y el exbrigadier Manuel Vásquez Chahuán, por los cuales también se está solicitando la extradición.
“Ya nos hemos hecho parte en el juicio y vamos a aportar con todo lo que sea necesario para que se dé cumplimiento a esta resolución solicitada por el Estado italiano”, señaló el abogado Francisco Bustos, de acuerdo a los resuelto por la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema.
Además, manifestó que “existen deberes internacionales que vinculan no sólo al Estado de Chile y la República Italiana para investigar, juzgar, sancionar y para imponer penas proporcionales a la gravedad de los hechos. Todo eso implica que hay un deber de cumplirlo que se ha juzgado y es por eso que nosotros estamos comprometidos para que efectivamente se ejecute esta resolución”.
Justicia italiana: las otras tres víctimas ítalo chilenas
Las otras víctimas ítalo chilenas son Omar Roberto Venturelli Leonelli (31), exsacerdote y militante del MIR, detenido el 25 de septiembre de 1973; Juan Bosco Maino Canales (27), militante del MAPU y estudiante, detenido el 26 de mayo de 1976; y Jaime Patricio Donato Avendaño (41), miembro del Comité Central del Partido Comunista y mecánico electricista, detenido el 05 de mayo de 1976.
En 1998, a instancias de los familiares de las víctimas, la justicia italiana inició la investigación en torno a este proceso. Sólo 20 años después, la Corte Suprema italiana emitió un fallo que condenó a cadena perpetua a 24 genocidas latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor.
En abril recién pasado, una delegación italiana -integrada por un abogado y un representante de las víctimas- visitó Chile para conocer detalles del proceso, contribuir a que se conozca sobre este juicio histórico y colaborar con la extradición de los involucrados y condenados en esta causa.
