El Senado se mantiene dividido por el impuesto a los súper ricos y el royalty minero, como vías de financiamiento para la Pensión Garantizada Universal.
El calendario de tramitación de la Pensión Garantizada Universal de 185 mil pesos, junto al proyecto de exenciones que la financia, va tomando forma en el Senado y se proyecta que la comisión de Hacienda espere la votación del comité de Trabajo, el próximo lunes, para discutir las propuestas en simultáneo.
La Cámara Alta dio una señal de que necesita tiempo para llegar a un acuerdo en ambas iniciativas, y confirmó la suspensión de la semana regional que comenzaba el lunes 24 de enero, ampliando los plazos para despachar la pensión, también llamada “PGU”.
La presidenta del Senado y jefa del comité de Hacienda, Ximena Rincón, de la DC, dijo que entre jueves y viernes comenzará el análisis del proyecto de exenciones, que viene con la aprobación del impuesto al patrimonio de las rentas más altas del país, conocido como impuesto a los súper ricos.
Tras la espera del Senado está la nueva oferta que debería poner el Ejecutivo sobre la mesa. Luego de que el Consejo Fiscal Autónomo ratificara la postura de la oposición, en cuanto a falta de financiamiento permanente, es inevitable la búsqueda de nuevas fórmulas que aseguren ingresos de forma sostenida.
Este acuerdo se complica si se considera que en la Cámara Alta hay posturas distintas sobre el impuesto a los súper ricos y el royalty minero, largamente discutidas en en el Congreso.
En Apruebo Dignidad esperan la respuesta del Gobierno a las propuestas entregadas desde el equipo de Gabriel Boric, con la diputada Karol Cariola y el legislador Miguel Crispi a la cabeza del diálogo.
El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, advirtió que así como está, el proyecto de Pensión Garantizada Universal podría ser dañino para la nueva administración.
El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, señaló que nada puede ser descartado y que si bien un impuesto a las rentas más altas puede contribuir, sigue sin resolver el problema de fondo.
A favor juega que el ánimo en el oficialismo ha cambiado. Si bien se mantienen las críticas por indicaciones inadmisibles, el discurso que planteaba que no había nada más que analizar y solo restaba convertir en ley la PGU, ha retrocedido.
El presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, afirmó que el Gobierno debe allanarse a un acuerdo para dar tranquilidad sobre el financiamiento.
Fuentes de La Radio han calificado como ‘intensas’ las conversaciones entre el futuro Gobierno y el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Se conoce que han recurrido a la eliminación de nuevas exenciones tributarias, contenidas en la llamada ‘agenda de mínimos comunes’ y en el informe del ex jefe de la cartera, Ignacio Briones, que planteaba esta misma vía para aumentar los recursos fiscales.
Aquí aparece, por ejemplo, el término del crédito del impuesto específico a los combustibles para empresas del transporte de carga. Cercanos al diálogo aseguran que ya estaría descartado, de parte del actual Gobierno, el tributo a las rentas más altas del país y al royalty minero.
