El consorcio chino-alemán Aisino se defendió de los cuestionamientos del proceso de licitación del Registro Civil. Esto, luego de que dos empresas acudieran al Tribunal de Contratación Pública para impugnar la licitación de las nuevas cédulas y pasaportes que, a partir del 2022, deben contar con una nueva tecnología.
En el marco del nuevo proceso de licitación para la fabricación de los documentos de identidad, las compañías interesadas están cuestionando este procedimiento y recurrieron en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.
En concreto, el consorcio Sonda y Thales y la multinacional francesa Idemia acudieron al Tribunal de Contratación Pública para interponer acciones de impugnación, por infringir la normativa de bases sobre contratos administrativos.
Ambas empresas coinciden en que la oferta del consorcio Aisino incumplió en una serie de requerimientos. Entre ellos, el nivel de precisión exigido en las pruebas de biometría, cuyo objeto es verificar que el documento asegure una identidad única y que impida cualquier tipo de fraude o emisión errónea de documentos.
Ante esta situación, la empresa Aisino señaló que “todo lo que se ha dicho sobre el proceso, creemos que no tiene otro objetivo que el lobby de otras empresas de tecnología, que no sólo quedaron atrás en la licitación, sino que ofertan un servicio más caro para las personas y que persigue invalidar el proceso con métodos reñidos con la ética”.
“Nuestra propuesta obtuvo la mejor evaluación entre todos los oferentes y es por ello que estamos convencidos y seguros de que este proceso seguirá adelante, respetando todos preceptos legales”, agregaron
En ese sentido, también mencionaron que su alianza con la empresa de tecnología alemana Mühlbauer, líder mundial en personalización de documentos de identidad y viaje, representa un doble nivel de seguridad.
Pese a ello, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, criticó este proceso y aseguró que Aisino no cumple con los estándares mínimos de la licitación.
El presidente de la comisión de Economía de la Cámara, el diputado Jaime Naranjo, señaló que debido a presuntas irregularidades se ofició a la Contraloría General de la República para que fiscalice este procedimiento.
El órgano jurisdiccional, en tanto, admitió a tramite las presentaciones y pidió al Registro Civil un informe para dictar el fallo respectivo. Según los plazos, el 7 de octubre debería ser la adjudicación del contrato y su firma estaría pactada para el 22 de noviembre.
Cabe destacar que, a partir del 2022, las cédulas de identidad y los pasaportes deberían contar con una nueva tecnología.
