Este miércoles, la ONG por los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) apuntó contra el Gobierno de Chile y afirmó que este debe poner fin a las deportaciones de venezolanos ante resoluciones judiciales.
“En una serie de sentencias, la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones ordenaron a las autoridades chilenas poner fin, en casos específicos, a las deportaciones de venezolanos debido a los graves riesgos que podrían enfrentar en Venezuela“, detallaron.
“Las sentencias también dejaron en evidencia violaciones al debido proceso, incluido al derecho a ser oído y a presentar pruebas antes que se lleven a cabo las deportaciones”, agregaron.
A juicio de José Miguel Vivanco, director para América de HRW, la justicia nacional demostró que muchos de estos ciudadanos buscaban escapar de la crisis social que azota a Venezuela bajo Nicolás Maduro.
No obstante aquello, acusó que estos fueron expulsados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional.
“Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”, indicó Vivanco.
Cifras y principales problemas
Según datos entregados por HRW, más de 457 mil venezolanos vivirían actualmente en Chile.
Aunque la mayoría está de forma legal, “desde 2019, las políticas gubernamentales migratorias han hecho que les resulte cada vez más difícil solicitar y obtener visas o refugio, lo cual limita las opciones disponibles para regularizar su situación”, fustigaron.
Sumado a eso, recordaron que en abril se tenía previsto deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades durante 2021 y que hasta ese mes, según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), 294 habían sido expulsadas sin control judicial. “La mayor parte eran venezolanas”, apuntaron.
Tras ello hablaron de otras 125 personas de distintas nacionalidades deportadas en junio y que el domingo 6 de ese mes se devolvió a 53 venezolanos, “incluidos 34 deportados de forma sumaria durante el fin de semana, cuando las Cortes de Apelaciones estaban cerradas”.
“Algunos tenían familiares en Chile, un dato que debió haber sido tomado en cuenta para suspender la deportación; no se les permitió hacer una llamada telefónica ni tener acceso a un abogado, lo cual limitó sus posibilidades para objetar la deportación; incluso algunos tenían apelaciones en trámite en contra de sus órdenes de deportación”, reportó HRW en base a informes de organizaciones de DDHH y la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.
Para emitir esta declaración, HRW revisó 21 sentencias judiciales que brindaron protección a 80 venezolanos y más de 250 órdenes de deportación.
Además, aseguró que entrevistó a activistas del ámbito humanitario, de DDHH y aseveró que documentó dos casos de deportaciones que se produjeron en el vuelo del 6 de junio, a través de entrevistas a los deportados y a sus familiares en Chile.
A modo de resumen, la ONG concluyó que los principales problemas que detectó en su análisis fueron ausencia de debido proceso, deportaciones colectivas y falta de determinación individual y separación de familias.
“Abogados de DDHH manifestaron a HRW que algunas de las personas detenidas con órdenes de deportación no mencionan sus vínculos familiares a las autoridades para evitar que otros integrantes de sus familias sean deportados”, señalaron sobre el último punto.
“Estas deportaciones pueden violar el derecho de los niños a la unidad familiar. Chile debe priorizar el interés superior de los niños y niñas y facilitar su reunificación con sus padres”, cerraron.
