Este lunes inició la audiencia pública del denominado “caso profesores de Chañaral y otras municipalidades versus Chile” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se escucharán los alegatos finales de la demanda contra el Estado de Chile presentada por 848 profesores en el marco de la denominada “deuda histórica”.

Esto se debe al no cumplimiento de los pagos de asignaciones remuneracionales que fueron ordenados en trece sentencias judiciales tras el traspaso a la educación municipal.

“Exigimos que se reconozca esta deuda histórica principalmente por aquellos profesores que han fallecido”. Así se manifestó una de las profesoras afectadas, Olivia Matus, de 80 años, quien ejerció la docencia por 40 años.

“Queremos, necesitamos nosotros que se nos reconozca esta deuda, porque ya la edad no exige, nos exige muchas cosas más, especialmente el problema de salud. Ha habido muchos colegas que han fallecido y pucha, qué lamentable que sea justamente porque económicamente no han contado con los medios como para seguir un tratamiento”, sostuvo.

Tras las declaraciones de la profesora chilena en la audiencia, el vicepresidente de la CIDH, el juez Patricio Pazmiño, aseguró haber quedado sorprendido por el periodo que lleva este caso.

“He quedado bastante interesado e impresionado por el tiempo que lleva este caso, tanto en el foro judicial como en el sistema interamericano y viendo la edad que usted tiene y las personas que están alrededor de esto, no dejo de manifestar mi sorpresa”, declaró.

El caso que – inició en 2005 – se encuentra a cargo de los abogados Giampiero Fava y Ciro Colombara. Este último señala que el 20% de los profesores afectados murió y serán representados por sus herederos.

“Muchos profesores y profesoras han fallecido en estos treinta años, pero tenemos la tranquilidad que aquellos que aún están y sus herederos, en el caso de los que se han ido, podrán conocer esta sentencia que reconozca la violación de sus Derechos Humanos por parte del Estado de Chile”, adujo.

Dentro de las pruebas adjuntadas al proceso está el testimonio de 43 docentes, de los cuales cuatro prestarán testimonio durante la audiencia. Además, hay declaraciones notariales de ocho parlamentarios.

Este martes 1 de junio se continuará con la audiencia pública donde se presentarán los alegatos finales por ambas partes, los que darán pie a la resolución del organismo.