Tras ser avalada en el Congreso, el presidente Sebastián Piñera ha decidido promulgar la ley que permitirá a los chilenos retirar parte de sus ahorros en los fondos privados de pensiones -las AFP, creadas durante la dictadura. Una medida excepcional en el sistema social de ese país que analizamos con un economista de la Fundación Sol.
Como una decisión histórica han catalogado la aprobación en el Congreso, el jueves 23 de julio, del retiro del 10% de los fondos de pensiones acumulados en las cuentas de capitalización individual que administran las AFP, una medida excepcional para enfrentar la crisis causada por la pandemia del coronavirus.
El tema era polémico y hasta hace pocas semanas se consideraba impensable en Chile. La sorpresa vino acompañada de la transversalidad que tuvo la propuesta, superando los quórums constitucionales tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde la votación definitiva contó con 116 diputados de los cuales 32 pertenecen a la coalición oficialista del gobierno de Sebastián Piñera.
Derrota política
El gobierno puso todo sus esfuerzos en frenar la medida pero, ante el resultado, el ministro de Hacienda Ignacio Briones salió a reconocer lo que calificó como derrota política.
Sebastián Piñera decidió no vetar esta reforma histórica. Se promulga así, este viernes 24 de julio, una ley a la que el presidente chileno se oponía y que representa una primera reforma a la capitalización jubilatoria absolutamente individual que rige en el país.
RFI entrevistó al economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, sobre el alcance de esta ley, que contaba con el respaldo ciudadano. “La gente celebra porque va a poder contar con dinero que no estaba disponible, en un contexto de crisis económica”, explica el investigador.
¿Hay cabida para más reformas de ese tipo?
Se le ha hecho un primer orificio al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que fueron creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“Chile tiene cerca de 30.000 millones de dólares, alrededor del 12% del PIB, invertidos en distintos fondos”, recuerda Marco Kremerman, quien agrega que podrían estar disponibles para los hogares chilenos. “Pero el gobierno no ha querido crear políticas de transferencias directas para esos hogares”.
“La deuda pública de Chile es muy baja. Este año se supera apenas el 30% del PIB en deuda pública. Países similares como Uruguay o Croacia, tienen 60%. Hay espacio para endeudarse con bajas tasas”, afirma.
Para el economista, no se trata de una verdadera grieta en el sistema privado de pensiones, pero sí un símbolo. “Hace una semana, Sebastián Piñera anunció que se haría una cirugía mayor al sistema de pensiones. Por lo tanto, en términos políticos, vamos a tener que hacer un cambio”.
Kremerman afirma que Chile no tiene un piso básico de seguridad social y que no se puede hablar de cambios profundos con un sistema mixto que incluya hegemónicamente cuentas individuales y solo unos puntos de cotización pública.
