El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) en contra de dos integrantes del Tribunal Constitucional.
La acción judicial presentada por el organismo se derivó de la entrevista de la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Brahm al diario La Tercera, en la que afirmó que en dicho tribunal antes de asumir su cargo “había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”.
En la querella, presentada por el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta Trincado, se entrega el detalle de las causas en las que se vieron dilatados los fallos o sentencias argumentando suspensiones de procedimiento o paralizando “antojadizamente” los procesos, argumento que aprovechaban las defensas de los condenados por violaciones a los derechos humanos para dilatar las sentencias.
La querella criminal acogida por el juzgado de garantía fue interpuesta por los delitos de cohecho y prevaricación en contra de los miembros del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, José Ignacio Vásquez y en contra de todos quienes resulten responsables.
Esto último, ya sea en la calidad de autores, cómplices y/o encubridores de los delitos señalados en la querella, pidiendo igualmente investigar la participación de otros abogados en los ilícitos que son objeto de la presentación judicial.
En la querella se solicita que se tome declaración a las víctimas, a los querellados y a la jueza Brahm para investigar los hechos.
Además, se pide que se oficie al Tribunal Constitucional “para la entrega de todos los antecedentes que posean respecto a las causas dolosamente suspendidas o dilatadas en su tramitación y fallo, en particular aquellas que dicen relación con crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos, no importando el estado de tramitación en que se encuentren”.
Igualmente se solicita que se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que informe diversos antecedentes que pudieran ser relevantes para la causa en las finanzas de Iván Aróstica, José Ignacio Vásquez y Enrique Navarro Beltrán.
Finalmente, también se pide que se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional para que apoyen en la investigación que sea llevada en el ámbito financiero, económico, tributario y legal, de acuerdo con sus funciones.
