Durante la tarde de este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección que interpuso la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, contra el polémico convenio entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
De acuerdo al tribunal de alzada capitalino, la acción judicial se interpuso fuera de plazo y excede las materias que deben ser revisadas por un recurso de esta naturaleza.
En particular, el recurso buscaba frenar el amplio acuerdo que apunta a “facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI”, según lo publicado por BioBioChile el miércoles pasado.
En concreto, la resolución de la corte expresa que “el plazo para impetrar la presente acción constitucional es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.
Y, en este caso, si bien el texto se hizo público hace 3 días, jurídicamente estaba en régimen desde el pasado 21 de febrero. “Resulta ser extemporáneo, sin que por ello resulte suficiente invocar la recurrente que tomó conocimiento de dicho acto el veintiuno de
abril del año en curso”, precisó el texto.
Además, de acuerdo a los ministros Dobra Lusic, Jessica González y Rafael Andrade (s), se trata de aspectos convenidos entre entidades públicas dentro del ejercicio de sus funciones y contra las cuales existen mecanismos jurisdiccionales y administrativos que permiten perseguir el fin requerido.
Con todo, Muñoz subrayó que la Defensoría de la Niñez no comparte “de manera alguna los fundamentos que se han explicitado en ese fallo. Y desde ese punto de vista vamos a presentar el recurso de apelación para poder revertir esta decisión y que, conforme a derecho, se pueda abordar de forma efectiva las garantías constitucionales para niños, niñas y adolescentes”.
