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Lunes 20 abril de 2020 | Publicado a las 17:58 · Actualizado a las 18:12
Sin Fondo Solidario de Cesantía: la compleja situación de las asesoras del hogar en la pandemia
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La recientemente conformada Coordinadora de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular acusó discriminación, al estar las asesoras de hogar excluidas del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), mecanismo que les permitiría contar con dinero en caso de que se les suspenda la relación laboral en medio de la pandemia por coronavirus que golpea a Chile.

Fue este 6 de abril cuando entró en vigor la Ley de Protección al Empleo, legislación que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo. Hasta este sábado, se estimaban en 786 mil los trabajadores que verían sus contratos afectados y -por ende- deberían recurrir a esa opción.

Sin embargo, las asesoras del hogar -tal como se indicó- quedaron fuera de optar a ese beneficio. En compensación, podrán acceder al fondo de su cuenta de Indemnización a Todo Evento, conformado por la cotización mensual del 4,11% de sus sueldos en la AFP, con cargo al empleador.

En ese contexto, la actual legislación les permite retirar el primer mes desde la suspensión laboral el equivalente a un 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo total si este fuere inferior. Si la medida se mantiene, podrán girar el 55%, 45%, 40% y 35% de sus sueldos, para los meses segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

La solución es insuficiente, acusan.

¿La razón? A juicio de la coordinadora, es discriminatoria, pues “coloca a las trabajadoras de casa particular en un estatus diferente al resto de las y los trabajadores”.

Así, la agrupación sacó sus propios cálculos: “El promedio de remuneración que recibe el sector en Chile, es bajo el salario mínimo. Es de 270 mil pesos, eso quiere decir que el 4,11% mensual corresponde a $11.097. Si la/el empleador cotizó un año completo, el monto al que podrá acceder la trabajadora será de 133.164”, reflexionan.

Es decir, “un 44% del sueldo mínimo legal en Chile y que sólo alcanzará para pagar un mes de remuneración”, acusan.

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La respuesta (…) es más que insuficiente. Es discriminatoria e incluso indigna.
- Extracto de declaración

A lo anterior se debe sumar que -según apuntan- sólo el 56% de las empleadas trabajan de manera formal, lo que las deja en una posición aún más compleja.

“Evidentemente nuestro sector no está nada de contento, pero ya es costumbre -tanto del Estado, como el legislador y la sociedad en pleno- mantenernos siempre bajo la línea de los derechos de los trabajadores”, fustiga María Cotal, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular.

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“Estamos coordinando algunas acciones. La situación de las compañeras, especialmente en regiones y las que trabajaban sin contratos es crítica, es fuerte”.
- María Cotal, dirigenta gremial

“Nuestra esperanza era que el Estado, los legisladores, el Presidente de la República (…) consideraran a este gremio también merecedor de ser parte -por la emergencia- del Fondo de Cesantía Solidario”, sentencia.

En ese complejo contexto, las trabajadoras emitieron un petitorio de cinco puntos que contempla:

1. La incorporación inmediata de las trabajadoras de casa particular al Fondo Solidario de Cesantía para “acceder en igualdad” a las medidas implementadas por el Gobierno.

2. Implementación de Renta Básica de Emergencia Digna.

3- Urgencia a moción parlamentaria que impide el término de contrato en casos de emergencia sanitaria

4. Fondos especiales y frescos que permitan una verdadera fiscalización de parte de la Inspección del Trabajo para obligar a empleadores a suscribir un contrato de trabajo.

5. Terminar con estatus especial e igualar los derechos laborales con el resto de trabajadores del país.

Situación compleja

Desde el Ministerio del Trabajo reconocen que la situación es compleja. En efecto, explican que el problema se remonta al menos a 2002, cuando la Ley de Seguro de Desempleo -la misma que creó el fondo- dejó fuera a las asesoras del hogar.

Por ello, añaden, el Gobierno buscó como alternativa el retiro de dineros de la Indemnización a Todo Evento. Para tales efectos, la empleada deberá presentar una declaración jurada simple ante la entidad pagadora del beneficio, preferentemente de forma electrónica.

En tanto, dada la alta informalidad en el rubro, el Ejecutivo anunció este lunes un proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, que beneficiará a 4,5 millones de chilenos.

Justamente, la ley considerará no sólo la vulnerabilidad socioeconómica de mediano plazo de una familia, sino que también -dentro de los hogares con ingresos mayoritariamente informales- a quienes han sido los que más han visto perjudicada su fuente de ingreso producto de la pandemia.

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