La Contraloría General de la República (CGR) ordenó el inicio de una investigación sumaria al interior del Ejército a raíz de que una funcionaria recibió, por al menos 5 años, el pago de sobresueldos como enfermera de combate.

Fue la propia enfermera quien recurrió a Contraloría luego que el Ejército le informara que debía reintegrar a la institución más de $14 millones que le habían sido pagados por error durante un periodo superior a 5 años.

Un informe del Ejército determinó que María Fernández Huenchún recibió el pago de un sobresueldo como enfermera de combate, aun cuando no satisfacía las exigencias habilitantes para ello, toda vez que obtuvo su título en una institución distinta de la Escuela de Suboficiales del Ejército o de los hospitales institucionales, sin proceder a su convalidación.

En este contexto, la institución castrense pidió a la mujer devolver el dinero pagado de forma errónea, lo que motivó que ella recurriera a la Contraloría para que se definiera si correspondía o no reintegrar el dinero.

La institución fiscalizadora analizó el caso y finalmente estableció que la funcionaria no debía devolver el dinero, pues no fue culpa de ella ni hubo un acto de mala fe.

“En atención a lo expuesto, y acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 51.861, de 2015, de este origen, entre otros, un error de la Administración no puede perjudicar a quienes han actuado de buena fe, siguiendo las orientaciones e instrucciones que esta les imparta y que de no mediar un equívoco, como el que existió en esta ocasión, no se le hubiese conferido a la señora Fernández Huenchun un sobresueldo sin cumplir con los requisitos para ello”, reza el dictamen al que accedió BioBioChile.

Sin embargo, el organismo ordenó el cese del pago del sobresueldo de enfermero de combate a la uniformada, hasta que ella convalide y cumpla con los requisitos para el estipendio.

En paralelo, se instruyó el inicio de un sumario al interior del Ejército con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de las personas involucradas en el pago indebido del dinero a la mujer.