En prisión preventiva por 120 días quedó Matías Ugalde, el sexto imputado por el caso de compra y venta de un fusil de asalto ruso AK-47, quien se entregó este jueves a la Justicia.

Es el segundo involucrado en quedar en prisión preventiva, aparte de Joaquín Valdés Muñoz. Ambos serían las personas que habrían sido escuchadas en una conversación telefónica negociando la transacción.

Ugalde está casado desde 2003 con Valeria Palma Bancalari, quien también fue formalizada por esta causa quedando con arresto domiciliario nocturno.

El caso de la venta del fusil está siendo investigado en reserva por la Fiscalía Oriente, habiendo sido ya formalizadas 5 personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones, estando una de ellas en prisión preventiva.

Los demás involucrados son Eugenio Gutiérrez Manzy (quien quedó con arresto domiciliario), Carlos Valdés Palacios (firma y arraigo nacional) y Catalina Urrutia Searle (ambas con arresto domiciliario nocturno).

Todos tienen un marcado perfil de derecha y viven en el barrio alto de Santiago. Ahora deberán explicar a la Justicia el fin de la transacción ilegal de un arma de grueso calibre bajo el contexto de la crisis social en el país.

Defensa descarta preparación para marzo

Tras la audiencia, el abogado Luis Inostroza, quien representa a Ugalde y a su esposa, defendió que “esta investigación no tiene ninguna relación con el tema del ‘estallido social’, o con grupos organizados de ultra derecha que estén preparándose para marzo”.

“Lo que hay detrás de esto es simplemente un procedimiento policial autorizado por el Ministerio Público y el tribunal, se ingresó al domicilio de mi representado, donde se encontraron cartuchos de escopeta, todos los cuales tiene autorización su cónyuge para poseerlos, dado que tiene los permisos respectivos”, aseguró.

Además, acotó, “se encontraron unas pocas balas, no más de 20, que son históricas de allá por el año 1940 que, según el peritaje, podrían ser utilizadas”.

Negó también la tesis del Ministerio Público sobre que su representado se dedicaría a la venta de armas, asegurando que Ugalde es un empresario de otro rubro. “Aquellas escuchas telefónicas que el Ministerio Público ha mencionado y que no pudo reproducir en este caso están absolutamente sacadas de contexto”, afirmó.

Por ello, calificó como “innecesaria” la prisión preventiva decretada, adelantando que van a estudiar la presentación de un recurso de apelación, a la espera de tener acceso a la carpeta investigativa.

“En broma”

Consultado sobre si considera que se trata de una manipulación, descartó esta idea afirmando que “se trata de una interpretación no ajustada a un contexto de una conversación en broma entre dos personas, lo que tal vez muchos de nosotros hemos hecho con amigos, compañeros de trabajo, o lo que sea”.

“Eso es lo que en cierta forma se ha comunicado a la población, como si fuera real. Aquí no hay grupos, como se ha dicho, ‘pinochetistas’ ni de ‘ultraderecha’, nada de eso”, aseguró.

Agregó que en la conversación interceptada “se escucha respecto a otras personas que en marzo viene un mayor estallido social, y eso es lo que se interpreta como una circunstancia en que todo esto está destinado a armarse y en consecuencia afrontar el mes de marzo”.

Concedió, sin embargo, que Ugalde mantiene “bastantes deudas como muchos en este país”, siendo una de éstas con Valdés por un préstamo, y que Ugalde admitió que “en algún minuto se pensó por él comprar esa arma (…) pero con posterioridad se dio cuenta de que estaba en un error”.

“En una primera conversación él pensó que era broma que tenía esta persona un arma de esa naturaleza, y luego con el envío de una fotografía, se dio cuenta de que era verdad lo que estaba diciendo y en base a eso es que por ningún motivo lo iba a hacer”, aseguró.