Nacional
Miércoles 27 noviembre de 2019 | Publicado a las 18:59 · Actualizado a las 07:48
Ante críticas: Gobierno explica "exención penal" de militares en proyecto de infraestructura crítica
Por Matías Vega
Con información de Tomás Celedón.
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El ministro de Defensa, Alberto Espina, respondió a las críticas de algunos sectores contra la exención de responsabilidad penal contemplada en el proyecto con que se busca que las Fuerzas Armadas defiendan la infraestructura crítica del país, sin necesidad de decretar un Estado de Excepción Constitucional.

En concreto, la iniciativa legal plantea que “se define la exenci√≥n de responsabilidad penal aplicable al personal militar que defiende infraestructura cr√≠tica (leg√≠tima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la Rep√ļblica por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional”.

El proyecto fue duramente criticado por asociaciones sociales, activistas y defensoras de los derechos humanos, junto a expertos independientes de varias √°reas, quienes mediante una carta acusaron que el proyecto pretende instalar “un estado de excepci√≥n constitucional velado” representando “un atentado contra la democracia”.

Asimismo, cuestionaron que “el proyecto plantea circunscribir la exenci√≥n de responsabilidad a est√°ndar de actuaci√≥n regulados en cuerpos administrativos, de manera innecesaria, ya que nuestro ordenamiento jur√≠dico ya contempla esas situaciones en cuerpos legales y son los jueces de fondo llamados a pronunciarse sobre ellas”.

En tanto, calificaron el inciso como “inconstitucional” y afirmaron que “vulnera disposiciones directamente de la Convenci√≥n Americana de Derechos Humanos (CADH) y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“En cuanto a su inconstitucionalidad, √©sta se configura a partir de la limitaci√≥n de derechos fundamentales por medio de un acto administrativo, o sea, cuando el ejecutivo se√Īala que por medio de decreto supremo establecer√° los par√°metros de legitimidad del empleo de la fuerza militar. Respecto a su inconvencionalidad, se infringen los art√≠culos 1¬į, 8¬į y 25¬į de la CADH en la medida que se est√° obstaculizando el acceso a la justicia a eventuales v√≠ctimas de vulneraciones a derechos humanos por agentes del Estado al consagrar tama√Īa regla”, argumentaron.

Existe en todo el mundo

Al respecto, el secretario de Estado asegur√≥ que “me han extra√Īado bastante las cr√≠ticas que se han hecho sobre esa norma, porque dice exactamente lo que dice la ley actual”.

Por ejemplo, “cuando un militar, o un civil es objeto de un ataque o agresi√≥n ileg√≠tima y usa un medio racional y proporcional para defenderse, tiene todo el derecho para consagrar la leg√≠tima defensa”, plante√≥ el titular de Defensa, recalcando que esto “existe en todas partes del mundo”.

En cuanto al reglamento espec√≠fico y detallado, adelant√≥, est√° siendo elaborado para que lo firme el presidente Pi√Īera, debiendo luego pasar por Contralor√≠a para finalmente publicarse en el Diario Oficial.

√Čste contemplar√° los medios, grados, etapas, decisiones y el comportamiento que deber√°n tener las Fuerzas Armadas para certificar que est√°n actuando bajo el amparo de la ley.

Controversias por violaciones a DDHH

Con motivo de la pol√©mica, Espina asegur√≥ que “las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia (…) tuvieron un comportamiento con estricto apego a la ley, adicionalmente lo hicieron con responsabilidad, con profesionalismo, y los casos en que hubo fallecidos, que son 3, que hubo heridos (…), todos ellos est√°n siendo investigados por la justicia ordinaria y la defensa de los militares la ha asumido la Defensor√≠a Penal P√ļblica”.

“Frente a una situaci√≥n de esa gravedad yo creo que las Fuerzas Armadas actuaron con total responsabilidad”, defendi√≥, asegurando que √©stas “cuentan con el m√°s completo y absoluto respaldo del Gobierno y, por supuesto, del Presidente de la Rep√ļblica”.

Adem√°s, reiter√≥ sus cuestionamientos al reporte de Amnist√≠a Internacional, sosteniendo que el organismo investigador de violaciones a los Derechos Humanos “acusa a las Fuerzas Armadas de Chile de haber, en forma premeditada, intencional, salido a la calle a matar chilenos, a matar compatriotas, sin entregar ning√ļn dato, ninguna prueba, ning√ļn antecedente”.

“Eso es imputarles un delito”, cuestion√≥, afirmando que esto “es totalmente contrario a lo que las Fuerzas Armadas hacen, porque las Fuerzas Armadas en estos momentos est√°n salvando vidas de chilenos en los cerros, en los incendios que se est√°n produciendo”.

“Que una instituci√≥n privada haga una imputaci√≥n calumniosa como esa es inaceptable, porque ofende gratuitamente a los 88.000 hombres y mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Chile”, critic√≥, no adelantando si se tomar√°n medidas contra el organismo internacional.

La discusión en el Congreso

La oposición también ha planteado sus dudas en torno a este proyecto, principalmente en el punto que se refiere a la exención de la responsabilidad penal.

El senador del Partido por la Democracia e integrante de la comisión de Constitución -instancia que deberá revisar el proyecto-, Felipe Harboe, afirmó que este decreto establece mayores restricciones al uso de la fuerza.

Opinión distinta a la del senador del Partido Socialista y también miembro de la comisión de Constitución, Alfonso de Urresti, quien aseguró que con la iniciativa se disminuye el estándar del uso de la fuerza.

El proyecto será discutido la próxima semana en el Senado.

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