La Contraloría General de la República (CGR) instruyó el inicio de un sumario administrativo al interior de Carabineros de Chile para indagar una serie de denuncias relativas a la identificación de los funcionarios.
En concreto, el órgano contralor buscará determinar eventuales responsabilidades administrativas luego que funcionarios fueran sorprendidos en una manifestación en Concepción utilizando sobrenombres en el uniforme, en vez de su apellido como corresponde.
En la capital regional del Bío Bío uniformados fueron fotografiados por el fotógrafo Diego Ibacache utilizando apodos como “Destroyer”, “Super Dick” y “Raptor”, lo que motivó en principio un oficio de Contraloría a Carabineros.
En caso de encontrar responsables, el órgano encargado de fiscalizar a las instituciones públicas adelantó que habrían sanciones.
Compra de elementos disuasivos
En paralelo, la Contraloría informó sobre el inicio de una Investigación Especial con el fin de conocer detalles de las compras de elementos disuasivos por parte de Carabineros.
Esto, en relación a denuncias que han surgido sobre la composición de los balines -supuestamente de goma- además de las fechas de vencimiento de bombas lacrimógenas.
La indagatoria surge luego que la Universidad de Chile realizara un estudio que determinó que los balines utilizados en las marchas, y que han provocado severos daños en la vista de manifestantes, no están compuestos 100% de goma.
Con todo, un equipo de fiscalización de la Contraloría se constituyeron en dependencias de Carabineros de Chile para sostener una reunión de coordinación con la Dirección de Logística, la Dirección de Compras Públicas y la Dirección de Auditoría Interna de la policía uniformada, para dar inicio a la Investigación Especial sobre los procesos de compra de los balines y lacrimógenas.
En detalle, dichas compras se investigarán para analizar eventuales problemáticas o irregularidades, lo que se traducirá en la realización de un informe.
En ese mismo sentido, anteriormente la Fiscalía anunció que investiga a la empresa que provee de balines a la policía uniformada, buscando si se configura el delito de fraude al fisco, considerando que los perdigones adquiridos por Carabineros no serían del material que debían.
