Ante la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, el fiscal nacional Jorge Abbott reportó que durante los 10 días que sucedieron al “estallido social” hubo una “sustitución de delitos”,
Según constató La Tercera, Abbott indicó que entre otros fenómenos han encontrado “que han bajado los delitos de tráfico de drogas y estas organizaciones se han dedicado a los saqueos. Hemos logrado incautar mercadería a sectores vinculados con el tráfico de droga. El jefe que dirige esa organización ocupaba la organización para estos efectos”.
Entre el 18 y 28 octubre, indicó, aumentó el delito de robo en lugar no habitado y bajaron delitos de tráfico de drogas y hurtos simples, “porque las personas han mutado a participar en estos hechos que han afectado a grandes y también pequeños establecimientos de comercios”.
“El mechero ya no era mechero, sino entraba a saquear un bien mayor y con posibilidad de impunidad mayor”, explicó la autoridad del Ministerio Público, acotando que hay “gran cantidad de imputados sin antecedentes que hemos formalizado por robo en lugar no habitado”, llevando a que “las medidas cautelares tengan menos intensidad. No está el marco penal para pedir prisión preventiva”.
Tras ser inquirido respecto de la investigación de los hechos de violencia, como las quemas de las estaciones de Metro, Abbott expuso que “hemos detectado que hoy las organizaciones son pequeñas -cuando las hay- pero se comunican por redes sociales y lo que van haciendo es adherir a personas que están luchando con una suerte de épica contra el sistema. Son incentivados por pequeños grupos. Estamos investigando con las policías. Todas las hipótesis las estamos trabajando”.
En cuanto a las detenciones ilegales, expuso que “han subido, pero no diría que en porcentaje significativo. La detención se daba en términos masivos y luego había que individualizar a la persona. Llegó a peak de 5.5% y luego bajó a 3.3%. Y cuando llega al tribunal se pregunta por la conducta específica, son dificultades que han significado aumento de la declaración de ilegalidad de la detención”.
“La función del sistema procesal penal está en juego en demostrar que aquí está plenamente vigente el Estado de Derecho” concluyó el fiscal, acotando que “aquí hay una responsabilidad de no repetir experiencias históricas que nadie quisiera volver a ellas”.
