La Comisión de Constitución del Senado está a un paso de terminar la discusión en particular del proyecto que busca proteger los datos personales en nuestro país.
Sólo resta que el Gobierno ingrese las últimas indicaciones a la iniciativa, cuestión que está pendiente desde hace dos semanas, cuando no llegó ningún representante del Ejecutivo, ya que por aquellos días el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se excusó de asistir por estar en Londres, en el marco del Chile Day.
El proyecto define qué se entiende por datos personales o datos sensibles; se establecen responsabilidades para el sector público o privado que maneje bases de datos personales; y las sanciones y multas para quienes manipulen sin consentimiento dicha información.
En esta última materia, el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, destacó que la iniciativa sanciona el uso con fines políticos o electorales sin consentimiento, como en el escándalo de de Cambridge Analytica, y el uso de datos de Facebook para la última campaña presidencial de Estados Unidos o la votación sobre el Brexit en el Reino Unido.
Harboe explicó que el mal uso de los datos personales tendrá sanciones de hasta 10 mil UTM (más de 2.1 millones de pesos) y la cancelación de la habilitación para ser tratador de datos.
Sobre el potencial uso de datos personales para fines electorales, la directora de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus, manifestó su preocupación por la ambigüedad de las normas vigentes en materia de propaganda electoral y el uso de datos privados.
En la Comisión de Constitución se ha debatido ampliamente sobre la entidad que debe asumir el resguardo de los datos personales y en votación dividida -de 3 votos contra 2, donde el senador de la DC Francisco Huenchumilla sumó votó con el oficialismo- se resolvió que sea el Consejo Para la Transparencia la entidad que asuma ese deber, y no una agencia especializada creada para estos efectos como ocurre en la mayor parte de los países que conforman la Unión Europea.
Al respecto, Huenchumilla sostuvo que es prematuro definir cuál será la entidad que asuma este deber, ya que lo aprobado hace algunas semanas respecto al CPLT podría cambiar en el trámite legislativo que resta.
Este proyecto, que se encuentra en su primer trámite, se suma a una reforma a la Carta Fundamental del año 2018, que dio rango constitucional a la protección de los datos personales.
