La discusión en particular de la Ley Corta Antiterrorista abrió un fuerte debate en la comisión de Constitución del Senado, por la falta de control sobre las escuchas telefónicas permitidas en la persecución de algunos delitos, que según cifras entregadas, alcanzarían más de 100 mil interceptaciones en los últimos cinco años.

En el marco del debate por la ley corta antiterrorista, académicos y parlamentarios cuestionaron duramente al Ministerio Público por el descontrol que existiría en el uso de las interceptaciones telefónicas.

Según cifras aportadas en la comisión de Constitución del Senado, habrían afectado a más de 100 mil números telefónicos en los últimos cinco años, sin que se conozca la efectividad de dicha medida intrusiva y en muchos casos, sin que los interceptados hayan tenido conocimiento de estar bajo dicho procedimiento, como lo establece la ley.

En este contexto, el académico de la Universidad de Chile, Jean Pierre Matus, sostuvo que la falta de control sobre las escuchas telefónicas, ha generado un efecto negativo en la investigación de delitos. Además acusó un verdadero “shopping judicial” a la hora de solicitar autorización para interceptar teléfonos, donde los fiscales escogen a qué juez le piden autorización y en muchos casos vía telefónica, sin entregar mayor fundamento para aquello.

“Este descontrol en la autorización judicial es el problema fundamental que tenemos antes de empezar a discutir sobre delitos terroristas, porque este descontrol se basa en un hecho muy sencillo, las solicitudes se hacen verbalmente punificada junto a quien estime conveniente, al juez que estime conveniente”, dijo.

En ese contexto, el senador socialista, Alfonso de Urresti, exigió que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sea citado a la comisión de Constitución, para que explique cómo se custodian los protocolos de interceptación telefónica y no descartó que esas escuchas telefónicas estén en manos del hampa.

“Que nosotros invitaramos al fiscal nacional a dar una explicación, aquí no se está contestando nada. ¿Dónde está el protocolo de custodia de esas interceptaciones? ¿Dónde está la notificación? Además en la ley antiterrorista vamos a tener este instrumento que está fuera de control. No sé qué podemos a esperar, quizás en qué mercado secundario o terciario del lampa están esas comunicaciones”, aseveró.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendió otorgar herramientas intrusivas a los fiscales en investigaciones de delitos antiterroristas, y aseguró que el Ejecutivo está en disposición -vía indicaciones-, para establecer controles adecuados a los procedimientos de interceptación telefónica.

“A juicio del Ejecutivo, no se ve que existe una razón dada la gravedad de las conductas terroristas, a que no esté también dentro de la legislación antiterrosita, con la medidas de control y garantías que nos permitan hacer que esas medidas especiales estén debidamente aplicadas”, señaló.

El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, propondrá esta semana a la instancia legislativa, un procedimiento para comenzar la votación en particular, de la denominada Ley Corta Antiterrorista.