El Senado aprobó la ley que regula las aplicaciones tecnológicas de transportes -también conocida como Ley Uber-, lo que ahora iniciará el proceso para realizar indicaciones hasta el 30 de agosto.
La medida fue aprobada por 39 votos, 3 abstenciones y 1 voto en contra, y por lo tanto, los parlamentarios tendrán que analizar aristas como la obligación para que los conductores posean licencia profesional para transportar pasajeros (A-1, A-2 o A-3), regular el parque de vehículos y la relación entre las empresas y los choferes.
Tras ponerse en marcha, la ley definirá a las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) como personas jurídicas que ponen a disposición de las personas un servicio (plataforma, sistema o tecnología) que permite a un usuario contactar con un conductor para ser trasladado desde un punto a otro. Además, serán consideradas como empresas de transporte remunerado de pasajeros.
Luego de la aprobación de la Cámara Alta, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, valoró la votación favorable debido a que representa un avance.
“Estamos muy contentos de que pasamos otra valla del proyecto. En términos generales este proyecto equipara las exigencias normativas entre los taxis básicos y estos vehículos de aplicación. Acá hay dos fuerzas en pugna, las empresas proveedoras y los taxistas por otro lado. Nosotros estamos en el lado de los usuarios”, sostuvo al medio.
En tanto, el presidente de la Comisión de Transportes, Francisco Chahuán (RN), aseguró que coinciden con el ramo respecto a solicitar licencias profesionales a los conductores.
“Compartimos con el ministerio los requisitos profesionales que debieran tener los conductores porque efectivamente los conductores con licencia clase B tiene menor prevalencia de accidentes de tránsito que los clase A. Además vamos iniciar un proceso de consulta pública para que cualquier chileno pueda incorporar sus propuestas a esta discusión antes del 30 de agosto”, indicó.
A su vez, agregó que recuperarán una idea presente en el proyecto original que prohibía que aquellas personas condenadas por delitos sexuales fueran choferes.
