Directivos del Servicio de Salud Metropolitano Sur ratificaron en la comisión de la Cámara que investiga presuntas irregularidades en Inversiones Hospitalarias, que desde el Ministerio de Salud impusieron la contratación de un equipo de 19 personas para hacer la asesoría externa del diseño del hospital de Buin, a cambio del pago de coimas, todo lo cual está siendo investigado por la justicia.

Coimas, fraude al fisco, tráfico de influencias y amenazas con armas de fuego, son parte de la compleja trama de irregularidades que se han dado en el contexto de los estudios para construir un nuevo hospital en Buin, cuya inversión apunta a beneficiar a los vecinos de esa comuna y a la localidad de Paine.

El 8 mayo de 2018 un grupo de directivos del Servicio de Salud Metropolitano Sur, responsables del proyecto del nuevo hospital San Luis de Buin, se reunieron con el jefe de finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, Mauricio Álvarez, a quien le plantearon que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), eran insuficientes para dar continuidad al proyecto y se requería una inyección de recursos sectoriales para dicha inversión.

Agencia UNO
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Dos días después, el 10 de mayo, Mauricio Álvarez comunicó al jefe de proyectos del SSMS, Francisco Márquez; a la subdirectora del hospital de Buin, Luz Inés Torres; y a la ayudante Francisca Cid que se entregarían 1300 millones de pesos para las obras correspondientes al año 2018, inyectando 400 millones de pesos adicionales para la contratación de un equipo revisor, ya que el ministro de Salud, Emilio Santelices y el jefe de Inversiones del Minsal, Luis Barrios, tenían interés en dar una mirada desde el sector privado a la iniciativa, según habría manifestado en dicha reunión el propio Mauricio Álvarez.

Así lo relató en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por irregularidades en Inversiones Hospitalarias, Francisco Márquez, quien explicó como pasaron de contar con los 900 millones, requeridos a una cifra de 1300 millones de pesos.

En la reunión en que Mauricio Álvarez dispuso de 400 millones de pesos adicionales para la contratación de asesoría externa para el proyecto del hospital de Buin estuvo presente Pía González, la arquitecta que Álvarez presentó como la responsable del equipo externo compuesto por 19 personas para cumplir con dicha tarea.

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La directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Carmen Aravena, explicó ante la comisión investigadora que a principios de octubre de 2018, Mauricio Álvarez ordenó desvincular a estas 19 personas, ya que según denunció ante el Ministerio Público, el esposo de Pía González, –Marcos Pozo– le ofreció una coima como agradecimiento por haber contratado a su esposa y al grupo de personas que hizo la asesoría externa al hospital de Buin.

Más tarde se supo que Mauricio Álvarez y el matrimonio compuesto por Pía González y Marcos Pozo son vecinos, e incluso Pozo en el mismo período de estos hechos desarrolló tareas de construcción en la vivienda de Mauricio Álvarez, obras por las cuales se habría generado una discusión entre ambos que habría incluido amenazas con armas de fuego.

La diputada Marcela Hernando, presidenta de la Comisión Investigadora por Inversiones Hospitalarias explicó que el Ministerio de Salud conoció todos estos hechos en octubre de 2018, pero solo se querelló por fraude al fisco recién en enero de 2019, luego que la propia Hernando denunció estos presuntos ilícitos ante el Ministerio Público en diciembre de 2018.

Hernando, destacó las declaraciones de los funcionarios del Servicio de Salud Metropolitano Sur y aseguró que con esto se demuestra que efectivamente detrás de los hechos relacionados con el nuevo hospital de Buin, se configura la posibilidad de una asociación ilícita para defraudar al fisco.

Pía González confirmó su asistencia este lunes a la comisión investigadora que investiga presuntas irregularidades en Inversiones Hospitalarias, instancia donde se espera que ratifique lo señalado en instancias judiciales, donde ha declarado que fue Mauricio Álvarez quien les pidió reclutar a un equipo de trabajo para la asesoría externa del hospital de Buin y otros centros asistenciales, a cambio del 10% del sueldo de todo el equipo de trabajo que participaba de estos proyectos.