Nacional
Jueves 30 mayo de 2019 | Publicado a las 15:04
Suprema da raz√≥n a Ita√ļ Corpbanca y desestima cl√°usulas abusivas en Cr√©ditos con Aval del Estado
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En fallo un√°nime, la Corte Suprema declar√≥ inadmisible una demanda de inter√©s colectivo difuso en contra de Ita√ļ Corpbanca por supuestas cl√°usulas abusivas -la 10 y 15, seg√ļn la Ley 20.027- en contratos de apertura de l√≠nea de cr√©dito para estudiantes beneficiarios del Cr√©dito con Aval del Estado.

De esta manera, el tribunal de √ļltima instancia rechaz√≥ un recurso de casaci√≥n y confirm√≥ una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, del 24 de julio de 2018, debido a que, en nuestro ordenamiento jur√≠dico, no existe una definici√≥n de cl√°usula abusiva.

“En el caso de la Ley N¬į 19.496, el legislador precisamente opt√≥ en el art√≠culo 16 por establecer un cat√°logo de cl√°usulas que por su contenido estima abusivas. Asimismo, en su art√≠culo 17¬į establece el contenido m√≠nimo de los contratos de adhesi√≥n de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia”, se√Īalaron.

“En base a esta normativa debe entonces ce√Īirse el sentenciador al efectuar el control de abusividad de las cl√°usulas, como a su vez relacionar tales preceptos con el art√≠culo 50 que consagra el inter√©s colectivo y difuso de los consumidores”, indic√≥ en su fallo la Primera Sala del m√°ximo tribunal.

A trav√©s de la iniciativa, la Corte estableci√≥ que se pretend√≠a establecer el car√°cter abusivo de ambas cl√°usulas “que surgen con ocasi√≥n de un contrato que los actores estiman de adhesi√≥n”, pese a ello “la doctrina ha definido a √©ste como aquel acuerdo de voluntades por medio del cual uno de los contratantes, denominado predisponente, impone al otro, llamado adherente, el contenido del contrato sin posibilidad de discutirlo ni de modificarlo, contando √ļnicamente con la facultad de decidir si contrata o no bajo el estatuto ofrecido”.

Por ello consideraron que, en su argumentaci√≥n, el libelo recursivo no relacion√≥ “el precepto que denuncia como infringido con el art√≠culo 50 de la Ley N¬į 19.496, que consagra la acci√≥n colectiva en raz√≥n del inter√©s colectivo y difuso de los consumidores, as√≠ como de los art√≠culos 16 y 17 de la Ley N¬į 19.496 que, justamente, establecen los criterios para efectuar el control de abusividad de una cl√°usula”.

Con respecto a la primera cl√°sula, la defensa critic√≥ el hecho que √©sta estipule que ser√° carga del estudiante “probar los pagos y abonos, estipulaci√≥n que dejar√≠a en una total indefensi√≥n a los estudiantes, v√≠ctimas de posibles y grandes injusticias, generando con ello un desequilibrio a favor del banco en perjuicio de los demandantes”.

Sobre la segunda acusaron que el estudiante “otorgaba un mandato especial irrevocable al banco para llenado de el o los pagar√©s”, con lo que se exim√≠a al acreedor de su obligaci√≥n de rendir cuenta.

Aquello es “un gran abuso” a su juicio, puesto que “la entidad se encontrar√≠a habilitada para completar tales documentos incluyendo no solo los intereses, sino tambi√©n las comisiones, gastos de cobranza ilimitados y cualquier otro concepto adicional”, acusaron.

Con un “en raz√≥n de todo lo precedentemente razonado y concluido el presente recurso de casaci√≥n en el fondo no podr√° prosperar y debe ser desestimado, resultando inoficioso efectuar otra clase de consideraciones” finaliz√≥ su fallo la Corte Surpema.

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