La informalidad laboral es un problema estructural presente en los países de Latinoamérica. Su complejidad es alta, ya que no solo posee una raigambre económico-productivo, sino también social y cultural, siendo vinculado a variables como la edad de las personas, el territorio donde habitan, su nivel educativo, la estructura de la familia a la que pertenecen, etc. Esta característica dificulta su abordaje, ya que cualquier política que pretenda tener un real impacto debiera considerar un enfoque integral, lo cual interpela a un esfuerzo mancomunado y estratégico, coordinado desde diversas áreas.
Y es que, si bien existen enfoques tradicionales que sitúan el origen del problema en, por ejemplo, un desequilibrio entre la base productiva de una sociedad y el crecimiento de su población o en las habilidades de las personas y las oportunidades estructurales del ecosistema laboral, lo cierto es que integrar variables como el género o las características de los territorios resulta fundamental.
Chile ha presentado una trayectoria fluctuante en lo referido a la informalidad laboral durante los últimos años, con una notoria tendencia al aumento desde la recuperación de la pandemia covid-19, constituyéndose así en un problema de preocupación. Y es que, aun cuando a nivel regional (junto con Uruguay), Chile es uno de los países donde este indicador presenta los niveles más bajos, poder contener su crecimiento se ha transformado en uno de los principales desafíos en materia de trabajo y empleo.
Para ello se han venido realizando continuos esfuerzos, tales como subsidiar el empleo formal o entregar oportunidades de capacitación/certificación que permitan una mejor inserción laboral. Sin embargo, sabemos que estas acciones resultan insuficientes en la resolución de fenómenos contemporáneos como el aquí analizado, respecto de lo cual es útil entender que, por ejemplo, situaciones como ser mujer, tener menor nivel educativo, trabajar en pequeñas empresas, habitar la ruralidad y estar en sectores de baja productividad aumentan la probabilidad de caer en la informalidad laboral. Por lo anterior, he de esperar que las políticas públicas abocadas en reducir este problema avancen considerando estos y otros factores.
La edición de junio del termómetro laboral Biobío presentó una tasa de informalidad de 27,6% (trimestre febrero-abril) en la región, registrando así un aumento interanual de 2,0%. Si además se considera el indicador de desocupación regional para el mismo trimestre, de 9,8%, hablamos de un contexto complejo para la implementación de políticas públicas que busquen revertir estas cifras, cuestión que debe invitarnos a pensar en quienes son las personas que están intentando acceder al mercado del trabajo, donde lo están haciendo y bajo qué condiciones contractuales.
En ese sentido, ¿será estratégico capacitar en emprendimiento en lugares donde no existen fuentes laborales? ¿no debiese ser entonces una prioridad la reactivación de las fuentes productivas? Y en donde estas sí existen: ¿Cómo se puede salvaguardar la precarización del empleo? En la región del Biobío ¿la informalidad es un problema contingente, relacionado con la pérdida de empleos formales, o una tendencia de carácter más sistémico?
Estas son solo algunas de las preguntas que debemos formular al momento de pensar en el problema de la informalidad y las estrategias para su abordaje. Mientras tanto, es deber de quienes habitamos el ecosistema laboral relevar la importancia de esta cuestión y contribuir a su visibilización y monitoreo, tarea que hoy por hoy, entre otras, realiza el Observatorio Laboral Biobío.
Esau Figueroa Silva
Coordinador del Observatorio Laboral Biobío
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