La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional en contra del controlador del holding Intervalores, Gabriel Urenda -hijo del exsenador de la UDI Beltrán Urenda- y decretó su prisión preventiva.

Por dos votos contra uno se decretó la prisión preventiva en contra de Urenda, fundador y controlador del holding Intervalores, que fue formalizado el 6 de noviembre por estafa reiterada, infracción a la Ley de Mercado de Valores y apropiación indebida.

“Siendo todos ellos reiterados, lo que permite sostener en esta etapa inicial de tramitación, que la forma de comisión de los ilícitos y la pena probable asignada a ellos constituye un conjunto de antecedentes calificados que llevan a concluir que la necesidad de cautela se satisface en este caso con la medida cautelar más severa”, se indicó en el fallo.

El fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, valoró este fallo en contra de Urenda y señaló el tribunal consideró que la libertad del imputado era peligrosa para la sociedad.

La apelación, presentada el lunes por la empresa Panor, señala que en diciembre de 2017 requirió la compra de divisas con el objeto de cumplir con el pago 34 facturas de importación emitidas por dos proveedores, lo que jamás se ejecutó.

Álvaro Carreño, abogado de la firma comercializadora de azúcar, se manifestó conforme con la resolución de la corte.

Investigación

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de formalización el 6 de noviembre, serían más de 60 víctimas y un perjuicio cercano a los $8 mil millones los que llevaron a este proceso a Urenda.

Panor, la empresa guatemalteca dedicada al negocio del azúcar, uno de los querellantes en contra de Intervalores, acusó al holding de haber recibido más de mil millones de pesos mandatados para pagos en el exterior, los que finalmente se utilizaron para otros fines.

El hijo del exsenador de la UDI Beltrán Urenda, negó su participación en los hechos que se le imputan y su defensa responsabilizó al exgerente comercial Sebastián González, a quien dijo, le delegó la administración del grupo en 2013.

El fiscal Sepúlveda señaló que no descarta agrupar todas las acusaciones en contra de Urenda en una sola, ya que señaló, existirían al menos $3 mil millones más en perjuicios, por denuncias que ya se encuentran formalizadas en ciudades como Concepción y Valdivia, con lo que el monto malversado superaría los 10 mil millones de pesos.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)