A petición del pleno de la Corte Suprema, el presidente Sebastián Piñera recibió a la máxima autoridad del poder judicial, Haroldo Brito, y al subrogante en el cargo, el ministro Sergio Muñoz, para tratar el conflicto por la acusación constitucional contra tres jueces.
Desde el Congreso y las agrupaciones de víctimas de la dictadura calificaron la cita como una presión a otro poder del Estado.
Una hora y media duró la reunión en La Moneda entre los supremos y el mandatario, donde se abordó la acusación constitucional presentada por parlamentarios de la oposición contra tres integrantes de la sala penal del tribunal máximo del país que fallaron seis libertades condicionales para reos de Punta Peuco.
A la salida de la cita, Brito aclaró que sólo se expuso ante el mandatario la posición de la Corte Suprema ante el libelo, la convicción que ellos mantienen respecto a que hay un daño a la autonomía de los tribunales y un roce de funciones.
Desde el Congreso, el diputado socialista, Jaime Naranjo, denunció que el Ejecutivo y los supremos se unieron para amedrentar a otro poder del Estado.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, calificó como una “vergüenza” la cita del presidente con los jueces.
Consultado sobre estos cuestionamientos frente a la reunión, el presidente de la Corte Suprema lo descartó tajantemente.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó que el Ejecutivo esté protegiendo a los supremos acusados.
Hasta el viernes tienen plazo los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Kunsmüller y Manuel Valderrama, para presentar sus descargos ante la comisión que evalúa el libelo.
Según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, los tres irán a la cámara junto a sus abogados.
