El abogado personal del empresario Andrónico Luksic y SQM, Hugo Rivera Villalobos, será el encargado de representar al cardenal Ricardo Ezzati ante la justicia, en su calidad de imputado por eventual encubrimiento de abuso sexual.
El académico de la Universidad Católica ha asesorado al arzobispado de Santiago en algunos casos.
La información la entregó el mismo cardenal Ezzati en un comunicado, en el que insistió en su inocencia.
“Reitero mi compromiso de contribuir a esclarecer la verdad, cumpliendo como todo ciudadano con lo que se requiera, confiado en que nunca he cometido encubrimiento, ni obstrucción a la justicia”, dijo Ezzati en el escrito.
Sebastián del Río, exseminarista y víctima de abusos en la Diócesis de Valparaíso, dijo que no es extraño que un integrante de la Iglesia se asesore con uno de los mejores abogados.
Además, enfatizó en que sus expectativas como red de sobrevivientes de estos delitos, es avanzar en la verdad y la justicia, desde la Iglesia y el Estado.
Este miércoles, la Comisión de Derechos Humanos y Nacionalidad del Senado, comenzó la revisión del proyecto de ley que busca revocar la nacionalidad por gracia otorgada a fines de marzo de 2006 al cardenal Ezzati, principalmente por su contribución en el ámbito de la educación.
Un proyecto presentado por las senadoras del PPD, Adriana Muñoz, y de la DC, Ximena Rincón. Las razones que exponen es que ya no se cumplen las razones por las que se le otorgó este beneficio, que el arzobispo de Santiago no es una persona que haya aportado valor ni que haya defendido a las personas y niños del país.
Eso es parte de lo que expuso la senadora Rincón, quien aclaró que esto no responde a una situación judicial, sino que a temas que refieren al comportamiento.
El oficialismo se restó de esta comisión. No llegó ni el senador de Evópoli, Felipe Kast, ni la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.
Desde ese sector, sin embargo, ya han dejado claro que no comparten en su mayoría esta iniciativa. Así lo manifestó el senador de la UDI, Víctor Pérez, quien consideró que con esto se busca un linchamiento público.
Una medida que Roberto Sánchez, de los laicos organizados de Santiago, valoró como parte de las muestras de que Ezzati está en entredicho ante la Opinión Pública. A su juicio, corrobora el descrédito y pérdida de autoridad del cardenal.
Mientras, otro de los laicos capitalinos, Osvaldo Aravena, dijo que si bien respetan todas las iniciativas, la prioridad deben ser las que avancen en la verdad y la justicia para las víctimas de los delitos, como el proyecto que pretende obligar a la Iglesia a denunciar ante el Ministerio Público los casos, y el que termina con la prescripción de estos delitos.
En los próximos días y semanas, la comisión debe generar una lista de invitados para debatir el tema.
