Más de 220 contrataciones sin justificación técnica o “necesidad de servicio” detectó un análisis interno en Gendarmería, en medio de la crisis que enfrenta la institución.
A los despidos de 123 gendarmes por el uso abusivo de licencias médicas y la indagatoria por las millonarias pensiones de funcionarios en retiro, se sumó el resultado de la recolección de los datos de aquellos civiles contratados por la institución.
El análisis también reveló que casi 30 funcionarios tuvieron aumentos de sueldos en breves periodos de tiempo con el aumento de grados.
De acuerdo a lo consignado por el diario La Tercera, $2.700 millones en déficit es el saldo de las contrataciones sin justificación.
Un caso es el de David Cabezas González, un profesor de educación física de 54 años. El profesional avanzó del grado 11 al 5 en solo tres meses, y en dos resoluciones se deja establecido que Cabezas ocuparía un lugar en el gabinete de la dirección nacional.
La resolución 6703 con fecha 15 de septiembre de 2015, sostiene: “Déjese establecido que el funcionario conserva en propiedad el cargo que ostenta como titular en la planta, optando por las remuneraciones que asume como suplente”.
A mayo de 2015, Cabezas percibía un sueldo líquido de $1.300.000. En junio de este año, la remuneración del profesor de educación física alcanzaba los $3.964.086, según consigna la Dotación de Planta de Gendarmería.
El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Alberto Figueroa, señaló que no permitirán que se les cuestione “por situaciones puntuales que han puesto en tela de juicio a todos los gendarmes del país”.
“En un año se han contratado a 220 personas para cubrir necesidades de índole político partidista y no necesidades del servicio. Técnicamente no había ningún tipo de necesidad de contratar a estas personas”, recalcó, agregando que tienen información que entregarán en la medida que puedan.
“Pedimos que se individualicen las personas, y que respondan administrativa y judicialmente respecto de los hechos denunciados”, dijo.
Figueroa afirmó que la institución debe tener una normativa interna que permita expulsar en forma inmediata a todos los funcionarios que estén incurriendo en hechos delictuales “como corrupción y cohecho”.
Además, dijo que es necesario implementar parámetros respecto de cómo llega el personal a Gendarmería, que “debe ser a través de requerimientos en cuanto a funciones y no por cuoteo político”.
