El Tribunal Supremo de Israel emitió hoy un veredicto en que rechaza varios recursos contra la Ley del Estado Nación, una polémica normativa aprobada en 2018 que atribuye exclusivamente a los judíos el derecho a la autodeterminación en el país y que los críticos tachan de discriminatoria para minorías como la árabe.
Según el fallo, al que tuvo acceso Agencia Efe, 10 de los 11 magistrados de la corte se mostraron a favor de denegar quince recursos contra la legislación. Esta afirma la identidad exclusivamente judía de Israel, retira el estatus del árabe como lengua cooficial y en el momento de su aprobación generó mucho revuelo entre gran parte de población, entre ellos los árabes-israelíes (20% de la ciudadanía).
La norma, que impulsó la derecha y fue aprobada hace dos años por el Parlamento (Knéset) como Ley Básica -con rango constitucional-, “no niega el carácter de Israel como Estado democrático”, argumentó hoy en el veredicto la presidenta de la corte, Esther Hayut.
La mayoría de recursos pedían que la legislación se derogara en su totalidad y algunos se centraban solo en ciertas cláusulas.
Académicos, abogados, el partido pacifista Meretz, la Lista Unida -coalición de formaciones árabes- o entidades como el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe (Adalah) fueron algunos de los que presentaron apelaciones.
Esta última organización condenó la decisión del tribunal y reiteró que la ley es “racista, discriminatoria” e “ilegítima”.
“El Tribunal Supremo de Israel validó una ley que establece una identidad constitucional” y “excluye completamente a aquellos que no pertenecen al grupo mayoritario”, lamentó Adalah en un comunicado.
Por su parte, el ministro israelí de Justicia, Guideón Saar, integrante del Gobierno de coalición del ultranacionalista Naftali Benet, dio la bienvenida al fallo.
La Ley del Estado Nación “ancla la esencia y el carácter judío de Israel” y “no daña los derechos individuales de ningún ciudadano israelí”, aseguró.
La legislación fue promovida en su momento por el ex primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Tras su aprobación en julio de 2018 hubo varias manifestaciones de protesta en las calles del país y entonces ya se presentaron muchos recursos para revocar la norma.
