Una cooperante humanitaria española que trabaja en los territorios palestinos desde hace más de tres décadas permanece encarcelada en Israel acusada de colaborar con una organización ilegal, un caso que suscitó una movilización en su país de origen para exigir su liberación.
Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, fue detenida el 13 de abril pasado en la ciudad de Beit Sahur, cerca de Belén, en Cisjordania.
La mujer, que trabaja para la ONG palestina Health Work Committees (Comités de Trabajo para la Salud) fue encarcelada en un penal cerca de Tel Aviv, y no conoció los cargos en su contra hasta que este jueves lo hizo un tribunal militar israelí.
Su abogada, Gaby Laski, explicó a Agence France-Presse que los cargos son trabajar para una organización ilegal, introducir dinero en Cisjordania sin permiso, recibir capitales bajo falsos motivos, y participar en la reunión de una organización ilegal.
La fiscalía pide que Juana Ruiz siga encarcelada hasta el final del proceso. La letrada pedirá su liberación en la próxima vista, el lunes, y confía en que al menos se le conceda el arresto domiciliario a la cooperante, quien a tenor de los cargos se enfrenta a “varios años” de cárcel.
Laski destacó que Juana Ruiz niega todas las acusaciones, y que se limitó a atraer capitales para financiar proyectos sanitarios llevados a cabo por su ONG.
La abogada detalló igualmente que la cooperante española, casada con un palestino y también conocida por su nombre de casada -Juana Rashmawi-, no fue específicamente acusada de financiación del terrorismo.
Sin embargo, en paralelo al procesamiento de esta cooperante, los servicios de seguridad israelíes dijeron haber desmantelado una trama en la que ONGs locales desviaron presuntamente fondos europeos de ayuda humanitaria en favor del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización considerada terrorista por Israel y varios Estados occidentales.
“Puede que quieran intentar conectar las dos cosas, pero no hay tal conexión en las pruebas sobre el trabajo de Juana”, sostuvo a propósito Gaby Laski.
El jueves, el Shin Beth, el servicio interior de seguridad israelí, afirmó que según una investigación realizada, “sumas considerables procedentes de instituciones oficiales en Europa” -Suiza, Alemania, Reino Unido, España- fueron desviadas para financiar “las acciones terroristas armadas del FPLP”.
El Shin Beth añadió que la red fue orquestada por un “comité de salud”, y que ésta se valió de proyectos ficticios, presentó documentación falsa e infló facturas y salarios.
El caso de Juana Ruiz ha llamado la atención en España y, a fines de abril, la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya dijo haber exigido a las autoridades israelíes una “mejora de las condiciones de la detenida, en especial la alimentación, la higiene y el cuidado”.
Más de 200 organizaciones, principalmente sindicatos y ONGs, firmaron un manifiesto en el que exigen la “inmediata liberación” de Juana Ruiz y que el gobierno español “presione cuanto esté en su mano”.
El manifiesto afirma que, en marzo, el ejército israelí allanó la oficina central de la oenegé de la cooperante española en la ciudad cisjordana de Al Bireh, y que los militares se llevaron “equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario” de la organización.
