Este viernes 12 de junio marca la entrada en vigor del nuevo Pacto Migratorio de la Unión Europea (UE), una profunda reforma que demandó una década de negociaciones y pretende unificar los criterios del bloque frente a la inmigración.
Confeccionado al calor del auge de partidos nacionalistas de extrema derecha que han hecho de la retórica antimigratoria un capital político central, el texto introduce controles fronterizos más estrictos, una tramitación más expeditiva de las solicitudes, una ampliación de las herramientas digitales para la recogida masiva de datos (que juega en los límites de la protección de la privacidad) y un aumento de las deportaciones.
Pacto migratorio de UE
La medida, que despierta varios cuestionamientos de organismos de derechos humanos, fue adoptada en 2024, con un plazo de dos años para su implementación, y es vista como una respuesta colectiva a preocupaciones surgidas de las recientes oleadas migratorias, con el foco principal en la crisis de 2015-2016, originada por la llegada de más de un millón de personas a Europa, muchos de ellos sirios y afganos que escapaban de los conflictos internos en sus países.
Sin embargo, la Comisión Europea (CE) ha admitido que ningún Estado miembro está completamente preparado y su aplicación desigual supone desafíos y tensiones en el grupo de los Veintisiete.
Por eso, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, celebró el hito de contar “por primera vez” con “un sistema europeo integral”, pero aclaró que esto “es solo el principio y no el final” en la puesta en marcha del acuerdo, misión para la cual la CE ha propuesto destinar 6.340 millones de euros en los próximos siete años.
Repasamos las claves y las dudas que rodean a este Pacto que aspira a modificar radicalmente las reglas de acceso a la Unión Europea.
El pacto unifica un exhaustivo proceso de control al que serán sometidos los inmigrantes que lleguen a las fronteras europeas sin permiso de entrada.
Entre los puntos más controvertidos está la recogida de datos biométricos, que pasa del mero registro de huellas dactilares a la toma de una fotografía del rostro y la digitalización de documentación, si es que la tienen. Las alarmas también están puestas en que el mismo proceso se realizará también a niños a partir de los 6 años, cuando antes estos controles eran para mayores de 14.
Estos datos quedarán almacenados en la llamada Eurodac, una enorme base de datos que, de todos modos, aún no está en funcionamiento en todos los miembros de la UE.
El proceso también incluirá un reconocimiento médico preliminar y un examen de vulnerabilidades para detectar a posibles víctimas de trata de personas.
El objetivo de este control –que puede durar hasta 7 días y, durante el cual, el migrante deberá permanecer a disposición de las autoridades– es determinar quiénes reciben un proceso de solicitud de asilo acelerado o normal, y quiénes deben ser expulsados a sus países de origen o de tránsito.
Precisamente, muchos países todavía deben establecer las instalaciones fronterizas adecuadas, tanto para la tramitación de las solicitudes como para albergar a las personas migrantes.
En este sentido, entidades de derechos humanos denuncian que, aunque los migrantes técnicamente no estarán privados de libertad, el hecho de no poder entrar al país y la obligación de permanecer en los centros fronterizos causará que la mayoría de ellos, incluidos los menores, estén bajo una detención de facto durante todo el proceso.
Para resolver los casos de asilo -que, en marzo, sumaban alrededor de 802.000 peticiones iniciales pendientes–, el pacto establece tres procedimientos.
El primero es el que se tramitará en las “fronteras exteriores” de la UE –pasos terrestres, puertos o aeropuertos–, que puede extenderse hasta 12 semanas, incluyendo una revisión judicial si la hay.
Para los solicitantes de asilo considerados una “amenaza para la seguridad” o procedentes de países catalogados como “seguros” por la UE –es el caso de Colombia, Marruecos o Bangladesh, cuyos nacionales ven denegada su protección en al menos el 80% de los trámites– se aplicará un proceso acelerado de un máximo de tres meses.
Uno de los pilares del acuerdo es acelerar las repatriaciones voluntarias y forzosas de solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas, a través de la emisión automática de órdenes de expulsión cuando se deniega una demanda.
En este sentido, los defensores de derechos humanos han advertido que, en la mayoría de los casos, estas medidas pueden traducirse en períodos extendidos de detención y posibles decisiones precipitadas.
En cuanto a los demás solicitantes, se mantendrá el examen estándar de seis meses, aunque se establecen plazos concretos que antes no existían: cinco días para registrar la petición de la persona que manifiesta su deseo de pedir protección y 21 para formalizarla.
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