VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Una jueza española decidirá si avala la eutanasia de una joven de 23 años con paraplejia cuyo padre logró suspender la medida con la ayuda de Abogados Cristianos, a pesar de que la joven había expresado su voluntad ante notario y los forenses confirmaron su capacidad de decisión. El juicio en Barcelona cuestionará la legitimidad de la familia para impedir la eutanasia de un adulto. Expertos y los tribunales debatirán sobre si los familiares pueden oponerse a una petición de muerte digna. La joven, con secuelas graves y pérdida de autonomía, ha solicitado la muerte asistida debido a su sufrimiento constante. El caso, que lleva casi dos años en proceso, involucra a una joven tutelada por la administración y generará un debate sobre la autodeterminación y los derechos fundamentales. Mañana, la joven junto a testigos y forenses, deberá declarar ante la jueza para determinar su capacidad de decisión sobre su vida.

Una jueza española decidirá si avala la eutanasia de una joven de 23 años con paraplejia cuyo padre logró suspender ‘in extremis’ el pasado agosto con la ayuda del colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, pese a que ella había expresado su voluntad ante un notario y los forenses acreditan que es capaz de decidir sobre su vida.

El juicio, que se celebra mañana martes en Barcelona, pondrá sobre la mesa hasta qué punto la familia de una persona adulta que solicite la eutanasia está legitimada para impedirla a través de los tribunales.

Estas son las claves del primer juicio de España sobre el derecho a la muerte digna:

¿Cómo llegó a los tribunales?

La vista enfrentará al gobierno regional de Cataluña, que defiende la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que en julio de 2024 dio luz verde a la eutanasia -por unanimidad de sus 19 miembros-, y al padre de la chica, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos.

La eutanasia estaba prevista para el pasado 2 de agosto, pero la jueza accedió a paralizarla ‘in extremis” a raíz del recurso planteado por el padre, para evitar un perjuicio “irreparable”.

El padre ya había intentado, sin éxito, impedir la muerte asistida de su hija a través de una denuncia que se archivó después de que una forense concluyera que conserva sus capacidades cognoscitivas y volitivas.

¿Qué legitimidad tiene la familia?

Más allá de este caso, el juicio plantea una cuestión que los tribunales deben resolver: ¿Están los familiares legitimados para oponerse a una petición de eutanasia?

La Fiscalía española sostiene que sí. De hecho, en otro caso de eutanasia suspendida a un hombre de 54 años, a petición de su padre, estimó que, aunque la decisión es “eminentemente personal” y tiene un “fuerte componente de autodeterminación”, los familiares pueden tener voz siempre que sean “afines” y conozcan la “evolución y circunstancias”.

El gobierno regional catalán, por el contrario, mantiene que la joven es la única e indiscutible titular del derecho a una muerte digna, que entronca a su vez con los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad que fundamentan la ley de eutanasia.

En cualquier caso, considera que no se puede deducir “de forma automática” un interés legítimo derivado de un vínculo familiar. Y es que, además, esta es una situación particular: la joven ha pasado gran parte de su vida bajo tutela de la administración.

Un proceso de casi dos años

Cuando recibió la autorización de la eutanasia, la joven llevaba casi dos años con un diagnóstico de paraplejia fruto de un intento de suicidio en noviembre de 2022, que le dejó graves secuelas y pérdida de autonomía.

Los expertos concluyeron que sus secuelas son “permanentes e irreversibles”, por lo que inició los trámites para pedir la muerte asistida en abril de 2024, alegando un “sufrimiento constante”.

Debido a los trastornos mentales que sufre la joven, se siguió un criterio de “prudencia reforzado” antes de autorizar la eutanasia y el caso se elevó al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación para que lo discutieran sus 19 miembros.

Abogados Cristianos, no obstante, alega que la mujer ha experimentado cambios de opinión durante el proceso, por sus problemas de salud mental.

La joven, ante el tribunal

Mañana desfilarán ante la jueza una decena de testigos, casi todos médicos de distintas especialidades que han tratado a la joven los últimos años, además de forenses.

La propia chica tendrá que ser interrogada, como pidió la Fiscalía en contra del criterio de la Generalitat. El ministerio público solicitó su declaración y, además, que fuera examinada por dos médicos forenses que acreditaran si está en condiciones de decidir.

Los forenses ya han entregado su dictamen, que ratifica que la joven conserva las facultades mentales para decidir sobre su propia vida, por lo que la Generalitat de Cataluña volvió a pedir que se la dispensara de declarar para evitar exponerla al proceso judicial.

La Fiscalía insistió en que debía hacerlo y la joven, que precisa de asistencia para sus desplazamientos, tendrá que acudir mañana a la Ciudad de la Justicia de Barcelona.