El partido socialista PSOE y la formación independentista catalana Junts firmaron este jueves en Bruselas un acuerdo para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español, que incluye una futura amnistía para independentistas procesados por la Justicia.

Los independentistas plantean además un referéndum de autodeterminación para la región española de Cataluña, según un documento difundido por los socialistas, “Acuerdo PSOE-Junts”.

El acuerdo es clave para que el socialista Pedro Sánchez pueda ser investido presidente para otros cuatro años en España.

El pacto lo firmaron el “número tres” de los socialistas, su secretario de Organización Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

El PSOE aseguró además que el acuerdo con Junts es para la legislatura y no solo para la investidura.

Los negociadores de Junts y el PSOE cerraron el acuerdo en las últimas horas después de unos días de intensificación de los contactos, con múltiples intercambios de documentos para pulir el redactado de la ley de amnistía y evitar que sus posibles beneficiarios puedan verse afectados por interpretaciones restrictivas.

Una ley de amnistía que tendrá que registrarse en los próximos días en el Parlamento español para su tramitación, antes del debate de investidura de Pedro Sánchez, que se espera para la semana que viene.

El “número tres” del PSOE dijo en Bruselas que el acuerdo para una futura amnistía no incluye “nombres” y cubre personas relacionadas “directa o indirectamente” con el proceso independentista en Cataluña “entre 2012 y 2023”.

La ley de amnistía era el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden “para procurar la plena normalidad política, institucional y social” tras una “judicialización de la política”, según el documento difundido por el PSOE.

El expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española tras la declaración unilateral de independencia de 2017 y que ha dirigido la negociación por parte de Junts en Bruselas, había exigido que la amnistía se aplicara a estos casos que implican “un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes”.

Sobre la consulta, el documento señala que se basaría en el artículo de la Constitución española que establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

Críticas a la amnistía y referéndum

Tanto la amnistía como el referéndum son fuertemente criticados desde distintos sectores, en especial la derecha, que ha convocado protestas para el próximo domingo en toda España al considerar inconstitucional esa futura ley y denunciar que Sánchez cede ante el independentismo con tal de seguir en el poder.

Desde el pasado fin de semana se suceden concentraciones frente a sedes del PSOE en distintas partes del país, que en la sede central del partido en Madrid derivaron en incidentes con detenidos y heridos, con presencia de grupos ultras.

La mesa de negociación se ha visto sacudida estos días por el impacto de la decisión del juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón, que acordó dirigir la investigación por terrorismo contra Puigdemont y otros independentistas procesados.