Gracias a una particularidad del sistema penal español, el partido de extrema derecha Vox podrá fungir de acusador en el juicio a los independentistas catalanes, una situación incómoda para el gobierno español y rechazada de plano por los acusados.
En el Tribunal Supremo que juzgará a los doce exdirigentes independentistas, el abogado Javier Ortega Smith se sentará al lado del fiscal y del abogado del Estado, con potestad de interrogar a procesados y testigos.
Este abogado es el secretario general del partido Vox, que carga contra “los enemigos de la Nación” en actos electorales, inflamando a los separatistas.
“La justicia española está dando apoyo a una campaña de la extrema derecha”, denunció en una entrevista escrita antes del juicio el principal acusado, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. “Esto es imposible que hubiese pasado en países como Holanda, Bélgica, Alemania o Dinamarca”.
El hecho de que Vox pueda sacar provecho de esta tribuna, durante un proceso de tres meses muy mediatizado, “me da pena”, admitió un alto responsable del ministro de Justicia del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Esta fuente deploró que la figura jurídica de la acusación popular pueda ser utilizada “torticeramente, con intenciones no exactamente puras, limpias, sino partidistas”.
Esta figura es “una singularidad del proceso penal español”, explica el profesor de Derecho Julio Pérez Gil, quien escribió una tesis al respecto.
La figura, que no tiene equivalente en Europa según el Tribunal Supremo, permite a cualquier ciudadano español y por extensión a toda organización, a perseguir una acción penal incluso sin ser afectado directamente por el delito, y luego desempeñar un papel de acusador además de la fiscalía.
“Escaparate espectacular”
Vox, fundado en 2013, se sirvió de su papel de acusación popular durante la fase de instrucción del juicio para ganar notoriedad.
El partido equipara sistemáticamente a los independentistas catalanes, que reivindican haber llevado a cabo un proceso pacífico, a los miembros de la desaparecida organización armada vasca ETA, que dejó más de 800 muertos.
Tras obtener apenas un 0,20% de los votos en la legislativas de 2016, Vox remeció el paisaje político en diciembre al entrar por primera vez en un Parlamento regional, en Andalucía, con 11% de los votos, mientras aspira a entrar en mayo al Parlamento Europeo.
En el Colegio de Abogados de Madrid, el penalista Rubén Martín de Pablos recuerda que la acusación popular ha sido reconocida en todas las constituciones españolas desde hace 200 años y que otros partidos se han valido de ella en el pasado.
“Ha venido bien para destapar muchos asuntos de corrupción”, afirma. O para lanzar el caso Augusto Pinochet, que desembocó en la detención en 1998 del exdictador chileno.
Pero es cierto que un partido nuevo “puede usar esa herramienta jurídica para darse a conocer y lógicamente es un escaparate espectacular, gratuito”, concede el abogado. “La ley lo permite, no se puede hacer nada, podemos criticarlo, podemos regular la ley en el futuro”.
