El Parlamento español aprobó este jueves la creación de una comisión para investigar la presunta financiación ilegal del conservador Partido Popular, PP, de Mariano Rajoy, que gobierna al país en minoría.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los 316 diputados presentes en la cámara baja, incluyendo a los del propio PP, y por iniciativa de tres partidos opositores, el socialista (PSOE), Ciudadanos (centro) y Unidos Podemos (izquierda radical).
La corrupción, también protagonizada por algunos dirigentes del PSOE y nacionalistas conservadores catalanes, entre otros, ha copado buena parte de la actualidad española en los últimos años. Y explica en buena medida el surgimiento de nuevos partidos, como Podemos y Ciudadanos, o que el PP perdiera en 2015 la mayoría absoluta.
Para la puesta en marcha de la comisión investigadora, por el momento no hay una fecha determinada.
Su creación llega después de que el PP se viera implicado en varios escándalos, empezando por el que protagonizara su extesorero, Luis Bárcenas.
A mitad de enero éste admitió ante un tribunal que en el partido existieron “recursos que no estaban en la contabilidad oficial”, y que según él eran “donaciones” de empresarios.
Luis Bárcenas
Bárcenas hizo dichas declaraciones en el juicio de la llamada Trama Gürtel. Esta estaba presuntamente dirigida por el empresario Francisco Correa, quien pagaba sobornos y hacía regalos a funcionarios del PP para hacerse con la adjudicación de obras públicas para empresas “amigas”.
El caso salpicó entre otros a una exministra de Sanidad de este partido, Ana Mato, procesada en tanto que presunta “partícipe a título lucrativo” de los regalos realizados por esta trama a su exmarido, Jesús Sepúlveda, alcalde de la ciudad madrileña de Pozuelo entre 2003 y 2009.
La exposición de motivos para crear la comisión parlamentaria estipula que aunque muchos casos estén en la órbita de la justicia, la investigación es “imprescindible para eliminar cualquier sombra de duda que se arroje sobre el correcto funcionamiento de las instituciones de España”.
La misma tendrá por objeto esclarecer la posible “existencia de diferentes redes de donaciones irregulares, adjudicaciones de contratos públicos y otros mecanismos de financiación irregular”.
