Una juez federal en Luisiana determinó este viernes que el Gobierno de Donald Trump puede continuar con la deportación de Mahmoud Khalil, el activista pro-palestino que en 2024, siendo estudiante, lideró las protestas en la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza.
La jueza Jamee Comans indicó durante una audiencia en el centro donde está detenido Khalil, que no tiene autoridad para cuestionar la decisión del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, para expulsar al hombre del país.
Comans tenía que decidir hoy si Khalil, que lleva detenido más de un mes, debía ser liberado o deportado, como pidió el secretario Rubio, quien basa su petición en la presunta “conducta antisemita” del entonces estudiante, pues según él permitir al activista continuar en el país “socavaría gravemente un importante objetivo de política exterior” de EEUU.
El mensaje de Mahmoud Khalil a la jueza
La jueza de Luisiana ha dado a los defensores de Khalil un plazo hasta el 23 de abril para recurrir el fallo; si no cumplen el plazo, advirtió de que ordenaría su deportación a Siria (donde residía como refugiado palestino antes de llegar a Estados Unidos) o a Argelia, país del que también tiene la nacionalidad.
Tras escuchar a la jueza, Khalil recordó a Comans lo que indicó en la audiencia anterior de su caso: “Que no hay nada más importante para este tribunal que los derechos al debido proceso”, de acuerdo con la National Public Radio.
“Lo que presenciamos hoy no es ninguno de estos principios que estaban presentes hoy ni en todo este proceso”, agrega.
Khalil, cuya esposa estadounidense está a punto de dar a luz a su primer hijo, indicó además a la jueza que espera que la urgencia con la que ella consideró su caso, “se transmita a los cientos de personas que llevan meses aquí sin una audiencia”.
La jueza pidió el pasado miércoles a los abogados del Gobierno que presentaran evidencia que apoyaran la decisión de expulsar del país a Khalil, de 30 años y arrestado el 8 de marzo en Nueva York tras haberle revocado su residencia permanente.
En el caso de Khalil el Gobierno de Donald Trump ha utilizado las armas migratorias (negarle los derechos inherentes a una tarjeta de residencia) para justificar razones políticas, pues lo que le reprochan es su activismo pro palestino.
Distintas organizaciones han denunciado lo que ello supone de asfixia de las libertades públicas, el derecho al disenso y la libertad de expresión.
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