Donald Trump pidió al fiscal general, Jeff Sessions, abandonar el proceso judicial contra el exalguacil Joe Arpaio, cara visible contra la inmigración ilegal que el presidente republicano indultó, informó The Washington Post este sábado.
Trump fue advertido que cerrar el caso contra Arpaio, condenado por ignorar una orden judicial para dejar de detener a inmigrantes ilegales -la mayoría de origen latino-, podría ser inapropiado, según el Post, que cita a tres fuentes no identificadas sabedoras de la conversación que ambos mantuvieron.
El líder republicano decidió dejar que proceso siguiera adelante, pero avanzó que indultaría a Arpaio en caso necesario.
Dicha conversación sería una evidencia más de la incapacidad -o falta de voluntad- del magnate de 71 años para mantener las distancias entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia en determinados casos.
También guarda similitudes con dos situaciones que han acechado a Trump durante meses.
Una es su presunto intento de influenciar una investigación federal sobre su exconsejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y la otra su intento de persuadir a funcionarios de alto nivel para minimizar la posibilidad de colusión entre su equipo de campaña y Rusia.
Joe Arpaio, de 85 años, una polémica figura que tuvo la reputación de ser el “sheriff más difícil de Estados Unidos”, obtuvo el perdón presidencial el viernes, el primero desde que Trump es mandatario y que aparentemente no siguió los protocolos regulares.
“¡Mantuvo Arizona segura!”, tuiteó el presidente, calificando de “patriota” a Arpaio, exalguacil del condado Maricopa durante 24 años, hasta que perdió su plaza en las elecciones del año pasado.
Arpaio, que fue condenado a finales de julio por haber violado el mandato de un juez federal que prohibió sus patrullas discriminatorias y debía ser sentenciado en octubre, evitará la prisión tras el indulto.
Tanto Trump como Arpaio impulsaron la teoría conspirativa de que el expresidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos y encontraron también un terreno afín durante el periodo de campaña contra la inmigración ilegal.
Este movimiento provocó inmediatamente el repudio de los demócratas, algunos republicanos y agrupaciones de derechos humanos, que afirmaron que Trump había eludido los procedimientos normales al no consultar al Departamento de Justicia antes de dar el indulto.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders Huckabee, dijo al Post: “Es natural que el presidente discuta los temas legales con los abogados de la administración. Este caso no tiene por que ser diferente”.