VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El presidente argentino, Javier Milei, presentó al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para sancionar la explotación no autorizada de recursos en las Malvinas. La propuesta busca castigar a quienes realicen actividades ilegales, generar incentivos para detenerlas y fortalecer a Argentina ante amenazas externas. El nuevo régimen amplía su alcance a recursos renovables y no renovables, incrementa las penas para actividades extractivistas y crea un Sistema de Seguridad Nacional. Milei instó a los legisladores a priorizar este proyecto ante las tensiones con el Reino Unido.

El presidente argentino, Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a “proteger los derechos soberanos” de Argentina y sancionar la explotación no autorizada de recursos en las Malvinas.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó este jueves que la iniciativa se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan recursos naturales de forma ilegítima; generar incentivos para que cesen esas actividades y dotar al Estado de herramientas “para protegerse frente a amenazas externas”.

Junto con calificar el proyecto como “un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, el Gobierno de Milei indicó que tiene por objetivo derogar “el régimen ineficiente” de la Ley N° 26.659, promulgada durante el Gobierno de Cristina Fernández, para “reemplazarlo por uno más duro”.

“Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior”, manifestó.

El nuevo régimen amplía su alcance a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las islas, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.

Por su parte, en materia penal, la iniciativa eleva las penas para las actividades extractivistas.

La prospección y exploración sin autorización podría recibir entre 12 y 15 años de prisión, frente a los 5 a 10 años vigentes. Para la extracción, el transporte y el almacenamiento, las penas pasarían de 10 a 15 años a entre 15 y 20.

También incorpora sanciones para quienes participen en la explotación de otros recursos renovables y no renovables, como la pesca.

A su vez, la iniciativa crea además un Sistema de Seguridad Nacional junto con la protección de infraestructuras críticas y de la soberanía nacional.

“La República Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo. Todo lo que se hizo en el pasado resultó insuficiente e ineficaz para defender de manera efectiva la Causa Malvinas”, afirma el texto.

Finalmente, el presidente Milei llamó a los legisladores trasandinos a “pausar” otras discusiones para dar mayor prioridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso.

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, cerró.

El anuncio tiene lugar en medio de la escalada de las tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas.

Es bajo ese contexto que recientemente trascendió que el Gobierno argentino planea tomar préstamos internacionales por un total de 3.500 millones de dólares para adquirir tres submarinos y dos fragatas destinadas a su fuerza naval, según consta en el proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el Ejecutivo al Parlamento.

En tanto, Milei anunció el pasado 3 de septiembre la reactivación del proyecto para construir desde el próximo 2 de enero una base naval integrada en Ushuaia, en la sureña provincia de Tierra del Fuego, a unos 2.300 kilómetros de Buenos Aires y a 700 de las islas Malvinas, bajo administración británica desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía reclama Argentina.