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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Justicia argentina procesa a expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por corrupción al favorecer a esposo de su asistente con contratos de seguros estatales. El juez Sebastián Casanello lo enjuició por "negociaciones incompatibles con la función pública" y embargó sus bienes por más de 14 mil millones de pesos. Otros 33 implicados procesados. Fernández firmó decreto beneficiando a empresa del esposo de su asistente.

La Justicia argentina procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada.

El juez Sebastián Casanello enjuició a Fernández bajo el cargo de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que el Código Penal de Argentina castiga con prisión desde uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, además del exmandatario, fueron procesadas otras 33 personas.

En concreto, el magistrado precisó en su fallo que Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente, fue beneficiado por un decreto publicado en 2021 con la firma de Fernández para que las entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros.

Además, el juez Casanello embargó a Fernández por 14.634.220.283 de pesos (11.653.771 de dólares), y procesó a Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria, a Martínez Sosa como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles, y al exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.

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A Fernández lo habían imputado en febrero de 2024 por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.