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El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se presentó ante el tribunal en la primera audiencia tras ser acusado de sobornar testigos para ocultar su presunta relación con paramilitares, convirtiéndose así en el primer expresidente colombiano en enfrentar un juicio penal. Las acusaciones apuntan a la manipulación de testimonios y presentación de pruebas falsas, incluyendo el supuesto pago a exparamilitares para testificar a su favor. Inicialmente acusador de un congresista de izquierda, Uribe es ahora el acusado en un proceso legal que ha dividido a los expertos. La audiencia fue suspendida y se retomará el 24 de mayo, mientras que el expresidente ha reiterado su inocencia y ha calificado el proceso como un "montaje", enfrentando también otras acusaciones por presuntas ejecuciones y desapariciones forzadas durante su mandato.

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El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, asistió este viernes a la primera audiencia ante el tribunal tras ser acusado de sobornar a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con paramilitares. De esta forma, Uribe hace historia al convertirse en el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio penal.

Uribe, quien fuera presidente de Colombia entre 2002 y 2010, gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su Gobierno debilitó las guerrillas. Pero dicha mano dura es la que le ha llevado hoy a convertirse en el primer expresidente del país en afrontar un juicio penal.

La Fiscalía le acusa de influir en los testimonios judiciales de integrantes de los escuadrones de ultraderecha de cientos de masacres a finales del siglo XX, en las que murieron civiles y activistas por los derechos humanos.

Alejandra Carvajal, abogada y analista políticacolombiana, aclara las acusaciones a RFI: “Las acusaciones contra Uribe son por la manipulación de testigos y presentar falsas pruebas en un proceso, por haber pagado a exparamilitares para que rindieran testimonio a su favor”.

Álvaro Uribe de acusador a acusado

Los antecedentes de este juicio se remontan a 2012, cuando Uribe, entonces senador, presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda. Uribe acusó a Cepeda de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de los 2000.

No obstante, la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular a los testigos. Un hecho legal, insólito en el país y que tiene dividido a los expertos.

“Yo no recuerdo que se haya presentado un caso en el cual se haya invertido la situación, de manera que el acusador pasa a acusado, que es lo que sucedió en este caso. No obstante, debo decir que ante todo hay que reconocer la independencia de nuestras instituciones y que hay que respetar y acatar los fallos de las Cortes”, explica Alejandra Carvajal.

El expresidente ha reiterado su inocencia frente a los medios de comunicación y ha calificado este proceso como un “montaje”. Aun así, esta no es la única acusación que pesa sobre Uribe.

El expresidente también fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6 000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como “falsos positivos”.

Audiencia se retoma el 24 de mayo

La audiencia de acusación contra el expresidente colombiano fue suspendida por la jueza que lleva el caso, que convocó a las partes para reanudarla el próximo 24 de mayo.

“Suspendemos este acto procesal y lo continuamos el 24 (mayo)”, dijo la jueza Sandra Heredia, quien explicó que la decisión era para “garantizar el derecho de todas las partes”.

En la diligencia de este viernes, que tuvo solo pausas cortas, intervinieron el abogado Jaime Granados, que encabeza la defensa del expresidente Uribe (2002-2010) y el fiscal del caso, Guillermo Villarreal.

También el abogado Reynaldo Villalba, apoderado del senador de izquierdas Iván Cepeda y representante de las víctimas.

Granados solicitó la nulidad de todo el proceso en contra de su defendido al considerar que la Fiscalía incurrió en irregularidades durante la formulación de los cargos.

Horas antes de que se iniciara la diligencia judicial Uribe aseguró que sus antagonistas políticos se convirtieron en sus “acusadores judiciales”, en referencia al senador Cepeda, contraparte del proceso.

“Mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales, unos de ellos cercanos a las FARC y otros colaboradores directos o indirectos, cubiertos por la cautivante palabra paz, usada para prorrogar el terrorismo a través de la indulgencia de impunidad absoluta”, expresó Uribe en una declaración en su casa en Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).